El Acueducto Solís-León representa una de las obras hidráulicas más ambiciosas en el estado de Guanajuato y en el Bajío mexicano. Este megaproyecto busca resolver la creciente demanda de agua potable en municipios clave del corredor industrial, garantizando el abasto a largo plazo en una región afectada por sequías recurrentes y sobreexplotación de acuíferos. El objetivo principal es trasladar agua tratada desde esta fuente hacia las ciudades de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya, beneficiando directamente a cerca de 1.8 millones de habitantes en León y hasta 3.5 millones en total en los municipios involucrados. A mediados de 2026, el proyecto se encuentra en etapa de ejecución, con avances físicos notables, pero también con controversias sociales y ambientales que mantienen la atención pública.
La obra contempla una línea principal de aproximadamente 200 km, con componentes como obra de toma, planta de bombeo, planta potabilizadora, líneas de conducción y tanques de almacenamiento. Proporcionará 3,800 litros por segundo (l/s), equivalentes a unos 119.91 millones de m³ al año. La inversión total estimada ronda los 15,000 millones de pesos (aprox. 814 millones de USD), con aportaciones compartidas entre Federación, Estado y municipios. El agua no se extraerá directamente restando del volumen actual de la presa para uso agrícola, sino que se basa en el ahorro generado por la tecnificación del riego en el Distrito 011. Esto incluye revestimiento de canales para reducir pérdidas por infiltración y evaporación, permitiendo liberar volúmenes para uso urbano sin afectar (en teoría) a los productores.
La construcción inició formalmente en 2025, con énfasis en los primeros tramos. Para enero de 2026 ya se reportaban alrededor de 15 km de avance en la tecnificación y revestimiento del Canal de Coria, superando la meta inicial de 10 km para el primer año. Trabajos visibles incluyen excavaciones, movimientos de tierra y tendido de infraestructura a lo largo del Río Lerma, con participación de CONAGUA, ingenieros militares de la SEDENA y empresas como Rocher Ingeniería. Se estima que la obra completa podría concluir en unos cinco años (alrededor de 2030), con entregas parciales: Silao y León podrían ser los primeros en recibir agua hacia 2029, seguidos de Irapuato, Celaya y Salamanca en 2030.
A pesar de los avances técnicos, el proyecto enfrenta una resistencia significativa. Agricultores, colectivos ambientales y habitantes de la zona sur (especialmente Acámbaro) temen que se reduzca el agua disponible para el campo, afectando la agricultura, ganadería y pesca. Han surgido protestas, bloqueos y amparos judiciales. Algunos hablan de “ecocidio” y cuestionan el impacto en el Río Lerma y la Presa Solís. Autoridades estatales y federales insisten en que el proyecto no se impondrá por la fuerza y se basa en el diálogo. La gobernadora ha enfatizado que “no puede ser rehén de la desinformación” y que el agua para el acueducto proviene del ahorro por tecnificación, no de restar volúmenes agrícolas directos. Se han desechado algunos amparos, pero persisten conflictos por predios y preocupaciones históricas. Otros retos incluyen la coordinación intergubernamental, costos, plazos y la necesidad de transparentar estudios técnicos y ambientales para ganar confianza pública.
Si se completa exitosamente, el Acueducto Solís-León brindaría certeza hídrica por décadas, impulsando el desarrollo industrial, urbano y agrícola tecnificado del Bajío. Reduciría la dependencia de acuíferos sobreexplotados y mejoraría la calidad de vida de millones. Forma parte de una visión más amplia que incluye saneamiento del Río Lerma. Sin embargo, su éxito dependerá de resolver las controversias mediante diálogo inclusivo, cumplimiento estricto de mitigaciones ambientales y verificación independiente del ahorro hídrico real por tecnificación.
A junio de 2026, el Acueducto Solís-León avanza físicamente con determinación gubernamental, pero navega en aguas turbulentas por la oposición local. Su evolución en los próximos meses será clave para definir si se consolida como una solución histórica o un foco de conflicto prolongado. Las autoridades han reiterado su compromiso con el diálogo; los opositores demandan mayor transparencia y garantías. El futuro del agua en Guanajuato está en juego.
