En política hay una vieja superstición: si el Gobierno consigue cambiarle el nombre a un problema, quizá consiga también modificar la realidad. Claudia Sheinbaum Pardo es una experta en eufemismos: en Monterrey no hay apagones, hay “interrupciones en el servicio en algunos lugares producto de las fallas en distribución”. La precisión técnica puede ser correcta. La precisión política resulta obscena. Para la familia de Apodaca que pasó días sin electricidad bajo temperaturas extremas, para el comerciante que perdió mercancía, para la fábrica que tuvo que detener procesos o para quien vio desaparecer simultáneamente el agua porque las bombas dependen de la electricidad, la discusión entre “apagón” e “interrupción” debe parecer una extravagancia burocrática. El refrigerador no distingue categorías conceptuales. El transformador quemado tampoco.
Durante junio de 2026, temperaturas de entre 42 y 47 grados llevaron la infraestructura eléctrica de Nuevo León al límite. Después llegaron tormentas que dejaron más de 284 mil usuarios afectados. Entre el 4 y el 9 de agosto, nuevas lluvias, descargas eléctricas y microrreventones volvieron a provocar cortes en al menos 12 municipios. Dos episodios meteorológicos diferentes revelaron, sin embargo, una misma enfermedad: una red incapaz de absorber adecuadamente las condiciones extremas de una metrópoli industrial que crece mucho más rápido que su infraestructura eléctrica.
Ahí comienza el verdadero problema de Sheinbaum y de la Comisión Federal de Electricidad. Porque la explicación oficial contiene involuntariamente su propia acusación. La CFE sostiene que dispone de alrededor de 70 mil megawatts de capacidad instalada frente a una demanda máxima cercana a los 55 mil. Es decir, según la propia versión gubernamental, electricidad hay. Lo que resulta insuficiente son las líneas y la infraestructura necesarias para llevarla con seguridad y continuidad hasta donde se consume. Entonces el Gobierno no está desmintiendo la crisis: está identificando al responsable. Si el problema no es generación, sino transmisión y distribución, estamos frente a infraestructura insuficiente, mantenimiento rezagado y planeación incapaz de acompañar el crecimiento de la demanda. No hay mucho espacio para culpar al neoliberalismo, al conservadurismo, a los medios o a cualquier otro personaje habitual del santoral de adversarios de la 4T. La distribución eléctrica es responsabilidad de la CFE. Y Nuevo León lleva años avisando.
Nuevo León produce una parte sustancial de la riqueza industrial del país y pretende competir por inversiones internacionales que exigen infraestructura de primer nivel. No parece razonable pedirle que sostenga una economía del siglo XXI sobre una red de distribución que recurrentemente revela síntomas de rezago. El problema de Nuevo León ya no necesita otra promesa de infraestructura futura. Necesita transformadores nuevos, subestaciones suficientes, redundancia, líneas capaces de soportar los picos de consumo, redes inteligentes, telemetría, mantenimiento preventivo y sistemas independientes que impidan que una falla eléctrica termine también cerrando la llave del agua.
Necesita inversión ejecutada, no inversión pronunciada. Claudia Sheinbaum es ingeniera energética. Conoce perfectamente la diferencia. Por eso sorprende todavía más que ante una crisis de infraestructura, la Presidencia haya preferido inicialmente administrar el vocabulario en lugar de asumir la magnitud del rezago. Nuevo León no necesita que Palacio Nacional le explique cómo debe llamar a la oscuridad. Necesita que la CFE encienda la luz.
