La ciudad de León, Guanajuato, enfrenta un colapso de movilidad que define el día a día de cientos de miles de habitantes. Calles y bulevares rebasados, tiempos de traslado que se duplican o triplican, un transporte público en crisis y una convivencia vial cada vez más tensa configuran un panorama de saturación crónica. El crecimiento desordenado del parque vehicular, la irrupción masiva de motocicletas y la debilidad de las alternativas colectivas han convertido los desplazamientos cotidianos en una fuente permanente de estrés, pérdida de tiempo y riesgos.
El parque vehicular supera con creces la capacidad de la infraestructura. Datos recientes sitúan el padrón en más de 700 mil vehículos (alrededor de 712 mil a finales de 2025), sin contar unidades irregulares o de otros estados. En apenas unas décadas la ciudad pasó de cifras mucho más modestas a esta saturación. Bulevares clave como Adolfo López Mateos, José María Morelos, Aeropuerto, Juan Alonso de Torres y Manuel J. Cloutier concentran volúmenes que rebasan permanentemente su diseño. Según índices de congestión, León se ubica entre las ciudades mexicanas con peores condiciones de tráfico: un nivel promedio cercano al 42.5 por ciento y tiempos que elevan un trayecto de 10 kilómetros a más de 26 minutos, con picos de más de media hora en horas pico. En la tarde, la velocidad promediada puede caer por debajo de los 20 km/h. Eventos como el regreso a clases, el Festival Internacional del Globo o simplemente un día laboral ordinario colapsan tramos enteros.
A esta sobrecarga se suman los semáforos. Aunque se han invertido recursos en sistemas “inteligentes” en cientos de intersecciones, las fallas por cortes de energía eléctrica son frecuentes y dejan cruceros sin control, provocando accidentes y caos adicional. En muchos puntos los tiempos de ciclo parecen desajustados a la realidad del flujo actual: luces verdes que no aprovechan el espacio o rojos interminables que agravan las filas. Cuando fallan o no responden a la demanda real, el efecto se multiplica en avenidas ya saturadas. La dependencia de la energía eléctrica y la dificultad para reprogramar de forma ágil convierten estos dispositivos en un factor más de incertidumbre.
El transporte público, que debería ser el eje de una movilidad sostenible, atraviesa un claro fracaso operativo. El Sistema Integrado de Transporte (SIT) ha perdido una proporción significativa de pasajeros desde la pandemia: se habla de caídas cercanas al 30 por ciento respecto a niveles pre-2020, con descensos adicionales recientes de varios puntos porcentuales según cifras del Inegi. Las esperas se alargan, las unidades llegan llenas o con retrasos de 40 minutos o más en tramos cortos por culpa del mismo tráfico que las atrapa, y las sanciones por incumplimiento de frecuencias e itinerarios se acumulan. Transportistas reclaman una reestructura de rutas que no se actualizan desde hace años. Mientras tanto, los usuarios migran a alternativas individuales.
Uno de los cambios más visibles y problemáticos es la irrupción de miles de motocicletas.
El padrón pasó de unos pocos miles a principios de los años 2000 a más de 160 mil (y cifras cercanas a 178 mil según registros recientes), con un crecimiento exponencial que supera con creces el de los automóviles. Para muchos, la moto es la respuesta económica y rápida a un transporte público lento e impredecible. Sin embargo, su proliferación ha introducido nuevos riesgos: filtrado entre carriles, circulación en espacios no destinados, sobrecarga de pasajeros (incluyendo menores), falta de casco o luces, y una participación elevada en accidentes. En 2025 se registraron decenas de motociclistas fallecidos y un aumento notable de lesionados.
Detrás de todo esto late una profunda falta de cultura vial. Conductores que no respetan semáforos ni señales, motociclistas que se abren paso a cualquier costo, peatones que cruzan fuera de los pasos seguros, ciclistas que invaden carriles confinados y una tolerancia generalizada a la imprudencia (exceso de velocidad, uso de celular, alcohol) erosionan la convivencia. Los accidentes, las multas y las quejas se repiten, pero el cambio de hábitos avanza con lentitud. La autoridad aplica operativos y sanciones, sin embargo, la prevención y la educación vial sistemáticas resultan insuficientes frente a la escala del problema. La convivencia vial está comprometida: cada usuario percibe a los demás como obstáculo más que como corresponsable del espacio público.
