La desconfianza de Andrés Manuel López Obrador respecto a los sectores medios podría entenderse. En su gran mayoría no votaban por él ni coincidían con su proyecto. Por el contrario, se trata de sectores sociales en los que históricamente el PAN y en general el conservadurismo han encontrado apoyo. A López Obrador también le generaban desconfianza segmentos académicos e intelectuales, no necesariamente vinculados al PAN, por el entusiasmo con el que abrazaron y se convirtieron en protagonistas de la llamada transición democrática liberal. Un proceso que el tabasqueño siempre consideró una farsa encaminada a legitimar un sistema desfavorable a las causas populares.
Se puede coincidir o no con esta apreciación, pero en la medida en que el presidente la hacía suya, se explican las razones para la tensa relación que mantuvo con la llamada pequeña burguesía y sus proximidades. Y no solo me refiero a los recursos públicos y programas sociales encaminados a los sectores medios, que en su gobierno fueron reorientados en favor de los “de abajo”.
La cancelación del apoyo a guarderías y de la ejecución de programas a través de la llamada sociedad civil es un ejemplo de este nuevo enfoque. Y, en efecto, los gobiernos de los últimos 30 años habían centrado su atención en la mitad superior de la población, decisiva en la formación de la opinión pública. Asumían que los sectores populares votaban menos, podían ser manipulados por la estructura corporativa o tenían comportamientos políticos espejo de los asumidos por los sectores medios. Políticamente no había necesidad de ocuparse de los pobres, para decirlo en pocas palabras.
Como sabemos, López Obrador revirtió la ecuación y en 2018 conquistó el poder gracias al apoyo masivo de tantos millones dejados atrás. Pero el distanciamiento del presidente con los sectores medios no solo fue un tema de cálculo político, da la impresión de que existía también una pulsión emocional. Resultó evidente en sus primeras reacciones tras los resultados de las elecciones intermedias de 2021, cuando buena parte de la población capitalina votó contra su proyecto y entregó nueve de 16 delegaciones a la oposición.
Al día siguiente, López Obrador atribuyó la derrota a la mentalidad clasemediera de tantos que abandonaban la solidaridad social para convertirse en siervos del consumismo. En la búsqueda de una falsa prosperidad personal, la clase media traiciona los intereses de las mayorías, señaló. Una especie de descalificación per se, como si solo en la pobreza fuese factible encontrar la verdadera ética cristiana o social. Y un especial reclamo le mereció el papel de los intelectuales, en particular los de la UNAM, más reprobable aún por tratarse de una universidad pública.
Paradójicamente, López Obrador no tuvo problemas para entenderse con los dueños del dinero. Una vez que estos entendieron que no venía por ellos, la mayor parte de los grandes empresarios se convirtieron en interlocutores de Palacio Nacional y en protagonistas clave para la construcción de la obra pública. Varios de ellos formaron parte de su consejo asesor empresarial. La relación con los directivos de las Cámaras fue fluida y amigable. Entendieron que las cosas habían cambiado, que había que pagar impuestos razonables, elevar salarios mínimos y aceptar el fin del outsourcing, pero que el gobierno respetaría sus negocios, compartiría contratos y se mantendría abierto al diálogo. Para la mayoría de los grandes consorcios no fue un mal sexenio, pese a la pandemia.
El problema es que el empresario medio y pequeño no entendió lo mismo. En teoría están representados por sus Cámaras, pero en realidad los directores ejecutivos de cada una de estas saben que están allí por la venia de los pesos pesados, y son a ellos a quienes defienden. Los millones de pequeños y micro fabricantes y comerciantes carecen de puentes reales o conexión política con el grupo gobernante. Forman parte de esa clase media enajenada de la narrativa oficial centrada en el pueblo bueno, han sufrido las penurias económicas de los tiempos que vivimos y su relación con la autoridad está centrada en resolver trámites o desatorar obstáculos puntuales. A falta de diálogo, para muchos de ellos la relación con la administración pública sigue siendo sinónimo de coyotes y equivalentes.
El sexenio de Claudia Sheinbaum arrancó con esta inercia, pero ha comenzado a modificarla. Para empezar, ella y buena parte del equipo que la acompaña proceden de esta clase media urbana ilustrada; han hecho suyas las banderas obradoristas en favor de los pobres, pero proceden de un entorno familiar y social distinto al del tabasqueño. Aunque la razón de fondo de este cambio de perspectiva es práctica: Sheinbaum está convencida de que no será posible sacar de la pobreza a millones de mexicanos sin un crecimiento sostenido del empleo, y en una sociedad de mercado eso solo puede propiciarlo un salto cualitativo en los montos de inversión del sector privado. Algo que hoy no está sucediendo.
En su primer año, la Presidenta hizo evidente su diálogo con los dueños del capital en aras de poner en marcha la planta productiva. El Plan México es una muestra concreta del diálogo entre poder político y poder económico. Pero este avenimiento no ha permeado hacia abajo. Y eso es un problema: las grandes empresas solo son responsables de 30% de los empleos del país. Otro tercio lo genera las medianas (que ocupan de 50 a 250 empleados por negocio) y la pequeña empresa (entre 11 y 50 personas). La microempresa ocupa a 10 o menos trabajadores cada una, pero son millones de unidades.
Las realidades de cada categoría son distintas, y por consiguiente sus necesidades. Una empresa con 20 mil empleados tiene una relación fluida con el gobierno; una de 10 trabajadores carece de ella. El problema es que de la primera existen un centenar, de la segunda hay millones. Y si pensamos en las particularidades de un negocio en Yucatán comparado con otro en Sonora, las diferencias se amplían.
A estas alturas el gobierno conoce las objeciones de las grandes empresas y sus propuestas y dificultades para decidirse a acelerar su crecimiento. No así el de los otros empresarios, los medianos y pequeños responsables de 70% del empleo.
Todo indica que el gobierno de Sheinbaum intenta subsanar este problema. Se acaba de anunciar la creación de 32 consejos promotores de la inversión, uno por estado, integrado por miembros de la pequeña y mediana empresa. Puede ser el primer gran paso de cara a la asignatura pendiente del gobierno de la 4T: construir una propuesta dirigida a los sectores medios del país. En el fondo es una necesidad económica, también política y social.
