¿Cuánto hay de verdad y cuánto de política en el explosivo reporte que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, presentó en nombre de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa el jueves pasado? ¿Por fin la investigación exhaustiva y objetiva que le debíamos a los padres afligidos y a la sociedad mexicana por esta infamia, como afirman las autoridades?, ¿o la nueva versión oficial, en este caso del obradorismo, para responder a una exigencia y de paso dar un golpe político a sus adversarios? La detención del ex procurador Jesús Murillo Karam y las órdenes de aprehensión libradas en contra de militares, da pie para que, según el enfoque, las dos partes invoquen su respectivo argumento: una investigación que por fin va al fondo o mero pretexto para dañar la imagen de los priistas y colocar otra espada de Damocles sobre Peña Nieto.
Tras la lectura de las 92 páginas del informe ejecutivo, y la revisión de mil 417 folios de los ocho anexos, que la Comisión ha publicado en su totalidad, me queda la impresión de que, en efecto, hay un esfuerzo como no se había realizado antes por llegar al fondo del asunto, pero también queda la sensación de que, una vez realizada la investigación, no se ha resistido la tentación de darla a conocer y emprender acciones no exentas de un interés político. Veamos una y otra.
Quien desee externar una opinión sobre este tema tendría primero que asomarse al expediente (comisionayotzinapa.segob.gob.mx). A diferencia de las anteriores pesquisas, basadas en testimonios de testigos y delincuentes interrogados bajo presión, este reporte impresiona por el detalle de la información telefónica recuperada la noche de los hechos (gracias al escaneo de cientos de miles de llamadas, entre otras cosas), la reconstrucción minuto a minuto de los acontecimientos desde sus distintos actores, el mapeo de los mensajes intercambiados, el trabajo forense en cientos de sitios. Imposible describir cabalmente las más de mil 500 páginas, y los centenares de gráficos y fotografías allí vertidos, pero resulta evidente el profesionalismo de la investigación. Destaca, sobre todo, el tono puntual y descriptivo, sin especulaciones ni alusiones estridentes. Un verdadero esfuerzo para describir solo aquello que era demostrable y poseía pruebas objetivas.
No solo la profundidad de esta investigación contrasta con la versión del sexenio anterior; también la intención. El gobierno de Peña Nieto primero subestimó la trascendencia política de la tragedia, informando que era un asunto local, y más tarde, cuando el escándalo explotó en la opinión pública, buscó un desenlace rápido y contundente en la investigación con el propósito de poner fin a la movilización de los padres y tranquilizar a la comunidad.
Dicho lo anterior, cabe señalar que, si bien la investigación de ahora es muy distinta, las conclusiones no lo son tanto como sugieren las palabras de Alejandro Encinas. Lo que sucedió en esencia no modifica la tesis central sobre los actores intelectuales y materiales del crimen: los estudiantes fueron ejecutados por miembros de la banda local Guerreros Unidos, quienes confundieron las movilizaciones de los normalistas con actos atribuidos a Los Rojos, sus rivales de plaza, y que en el operativo actuaron inicialmente diversos elementos de las policías municipales, cómplices de los sicarios. La diferencia más significativa en “el modo” en cómo sucedió el crimen es el hecho de que no fueron asesinados todos juntos ni cremados todos ellos en el basurero de Cocula, como se empeñó en demostrar la versión anterior; sino que fueron divididos en tres grupos y ejecutados de distintas maneras. Importante como es, este cambio de circunstancias no cambia ni la autoría ni los motivos de estos asesinatos.
Quizá por ello la insistencia de Encinas de presentar nuevos implicados, aunque la documentación apenas lo sustente: el informe da cuenta de la intervención de las policías de tres municipios, con distinto grado de responsabilidad en la detención inicial de los estudiantes, algo que se sabía en lo general pero no en los detalles. Lo más relevante son las bitácoras de los militares a lo largo de esa noche, que revelan que aun cuando no estaban en condiciones de saber el desenlace, algunos oficiales estaban enterados de los retenes de la policía y de los criminales en contra de los estudiantes. Sin embargo, por más que se lean con lupa estas bitácoras castrenses, no son del todo claras las razones que le permiten anunciar órdenes de aprehensión en contra de una veintena de militares. Incluso el explosivo hecho de que los soldados tuvieran un infiltrado entre los normalistas, y que este haya enviado un último reporte catorce horas antes de los crímenes, en el que anuncia la intención de sus compañeros de tomar camiones, no es evidente, más allá de la omisión o de la negligencia, algún tipo de complicidad criminal por parte de los soldados.
Algo similar sucede con la llamativa detención del ex procurador Murillo. El grueso del reporte remite a lo que sucedió esa noche, no a las irregularidades de la investigación posterior conducida por el gobierno de Peña Nieto. O existe información adicional, no publicada en este informe, o lanzaron la acusación confiados en que la Fiscalía encuentre la evidencia que la sustente. No será difícil documentar las torturas en contra de los sicarios detenidos, pero no será fácil demostrar la responsabilidad directa del titular de la dependencia.
Encinas ha hablado de un crimen de Estado. Una afirmación imposible de sustentar más allá de la corrupción de algunos policías municipales y la omisión de autoridades militares el día de los asesinatos. Resulta absurdo considerar la hipótesis de que se haya tratado de una acción del gobierno para desaparecer normalistas. A menos, claro, que se refiera no a la ejecución de los estudiantes sino a la intención posterior de encubrir la investigación y falsear los hechos para imponer una versión oficial. Pero utilizar la formulación “crimen de Estado” para esta operación parecería desproporcionada, por decir lo menos, sobre todo porque los culpables directos en esencia son los mismos en ambos reportes, aun cuando las circunstancias difieran.
En suma, una investigación admirable (que habrá que agradecer), pero un manejo posterior más bien mediático y político que no le hace justicia.
@jorgezepedap
