El 25 de junio el Tesoro de Estados Unidos y FinCEN emitieron las primeras acciones de la Ley del Fentanilo contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa por lavado de dinero. El 17 de agosto CIBanco recurrió al Tribunal de Distrito de Columbia para demandar a Scott Bessent y Andrea M. Gacki, titulares de esas dependencias estadunidenses, y solicitar que se declare la orden “como ilegal e inconstitucional”.
Fue interpuesta a nombre de CIBanco, que presidió Jorge Rangel de Alba, por los despachos de abogados Dunn Issacson Rhee LLP de Washington y Arktouros PLLC de Miami. Pidieron que la orden que prohíbe operaciones con la institución “quede suspendida hasta que el Tribunal dicte un fallo definitivo”, que sea “declarada ilegal e inválida”, y que los demandados revoquen cualquier declaración emitida sobre el tema.
El 21 de agosto Nicolle Kownacki, de White & Case, informó al Tribunal que CIBanco se desistió “voluntariamente” de la demanda, dos días después del anuncio de que Multiva celebró un contrato para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de la institución, operación supervisada por la Secretaría de Hacienda y el IPAB.
El fracaso de la demanda quedará como ejemplo para los que sigan igual camino. En el documento detallado de 39 fojas, CIBanco destacó ante el Tribunal que el Tesoro y FinCEN se negaron a proporcionar “detalles específicos de las acusaciones en su contra —como nombres, fechas, números de cuenta u otra información para identificar la supuesta conducta indebida—; tampoco compartió “las supuestas pruebas que sustentan esas acusaciones”.
Agregó que “FinCEN impuso sanciones menores a instituciones financieras que incurrieron en conductas mucho peores que cualquier cosa alegada contra CIBanco”, y que por estas razones, “la orden es arbitraria, caprichosa, un abuso de discreción, todo ello en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo”.
CIBanco supervisó más de 60 mil millones de dólares en activos fiduciarios, incluidos más de 40 mil millones en activos en fideicomiso para empresas estadunidenses y personas. “Está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones carentes de especificidad e inexistentes”. En efecto, murió.
Cuarto de junto
La prohibición aplicada el año pasado contra la Caravana Navideña de Coca-Cola, por supuestas violaciones al reglamento de la Ley General de Salud, es improcedente para este año. Junto con las actividades relacionadas al Mundial de Fútbol 2026, en términos legales no se infringen las disposiciones del reglamento porque éstas se enfocan a la publicidad de productos específicos y no a nombres de empresas o actividades promocionales generales; se aplican a medios digitales, televisión, cine y otros medios similares, no a eventos en espacios públicos como caravanas.
