El pasado jueves, el gobierno encabezado por el presidente López Obrador firmó el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente con el Consejo Coordinador Empresarial. Por supuesto, destaca que la meta del entendimiento de cooperación es el elevar la inversión total en México; a través de los 35 mil millones de dólares adicionales en los próximos dos años que inyectará la Iniciativa Privada, junto con lo que impulsará el sector público, la inversión pasará del 20% del Producto Interno Bruto al 25 por ciento.
Más allá de lo que esto generará para variables como el empleo formal y el crecimiento económico, temas fundamentales por sí mismos, vale la pena destacar el carácter social del acuerdo para la inversión. Sintiendo el pulso que se vive no solo en México, sino en todo el mundo, el desarrollo de las empresas simplemente no puede avanzar sino siembra la posibilidad de bienestar, prosperidad y empoderamiento en las comunidades en donde ellas residen.
Con esto en mente, uno de los cuatros pilares prioritarios del Acuerdo es la Inversión Social. Esto significa que buena parte de los proyectos que se ejecuten en el marco de la cooperación establecida, deberán tener un gran impacto en el desarrollo de las comunidades; combatir el rezago educativo, facilitar el acceso a servicios de salud y construir obras relacionadas al agua y drenaje, son solo algunas actividades fundamentales para que México vaya caminando sobre la senda del desarrollo incluyente que marcan diversas agendas, entre ellas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
En el núcleo de esta Inversión Social están los conceptos de solidaridad, compromiso y trabajo en equipo. Al final, que la actividad empresarial incorpore una visión social no significa hacer caridad, o peor aún, ejecutar acciones que solo sirven para la foto sin verdaderamente impactar la vida de los mexicanos más vulnerables. Por el contrario, el nuevo paradigma del compromiso social empresarial tiene que ir más allá de la responsabilidad corporativa tradicional, generando valor y crecimiento para las comunidades a través del diálogo, la sensibilidad y el acompañamiento permanente.
Así como es necesaria esta visión para empezar a generar una buena historia para nuestro país, también es indispensable que el gobierno garantice reglas claras, estabilidad macroeconómica y un Estado de Derecho fuerte, para que así los empresarios impulsen esa inversión que se necesita. Solamente a través de la certidumbre y la confianza entre ambas partes, sectores público y privado, vamos a poder cerrar filas y darle la vuelta a los retos que tenemos enfrente.
Los tiempos cuando las perspectivas económica y social podían caminar paralelamente han quedado en el pasado. Es momento de entender que, si queremos un país verdaderamente justo y próspero que no deja a nadie atrás, el crecimiento económico debe estar sustentado por la superación de carencias sociales y rezago en cada una de las comunidades de nuestro país.
