El pasado 25 de noviembre de 2025, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a una pena de 27 años de cárcel por haber liderado un plan de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Es la primera vez en la historia del país —y acaso de la región— que un exmandatario de enorme peso político y electoral es condenado por intentar subvertir el orden constitucional: los cargos incluyen conspiración, organización criminal, intento de abolición del Estado de derecho, daño al patrimonio público, entre otros. Este fallo reviste una importancia simbólica y práctica mayúscula. Por un lado, representa un precedente jurídico y político: demuestra que incluso los íconos del poder pueden ser retirados —si hay evidencia— de la escena pública mediante mecanismos institucionales, no por violencia o golpes militares, sino por el imperio de la ley. Con ello, la justicia envía un mensaje clave sobre la inviolabilidad de las reglas democráticas. Para quienes temían que tras un descalabro institucional Brasil derivara en otra ola autoritaria, la condena es una señal de que los tribunales pueden funcionar.
Pero este desenlace también expone grietas estructurales en las democracias latinoamericanas. En muchos países de la región, liderazgos con ambiciones autoritarias han persistido con impunidad pese a evidencias de abusos —ya sea mediante manipulación del sistema electoral, erosión del poder judicial o control militar del Estado. Que en Brasil los tribunales hayan actuado con firmeza pone en evidencia cuán poco frecuente —y lo mucho que cuesta— lograr que las élites rindan cuentas. En ese sentido, la condena de Bolsonaro puede devenir en una advertencia viva: el costo de subvertir la democracia ya no es sólo político o reputacional, sino penal.
No obstante, el riesgo de retroceso permanece. El encarcelamiento de un líder polarizador como Bolsonaro puede alimentar el discurso de victimización, de “persecución política” frente a bases intensamente leales, sobre todo en un contexto de polarización social y mediática. Ante ello, movimientos de ultraderecha en otros países podrían radicalizarse aún más, bajo la narrativa de que las instituciones “no les permiten participar”. Si no hay canales democráticos efectivos para que esas tensiones encuentren cauce, la condena podría servir indirectamente como martirio de un liderazgo populista, con las consecuencias imprevisibles que conocemos: radicalización, protestas, ingobernabilidad.
Para las democracias de la región, la lección debería ser doble: primero, reforzar la autonomía e independencia judicial, asegurar que quienes violan las reglas enfrenten consecuencias. Pero también, segundo, empujar por una cultura ciudadana de defensa de la democracia que vaya más allá de las instituciones formales: es decir, fortalecer los medios independientes, promover educación cívica, combatir la polarización y proteger espacios de pluralismo. Si no, la condena de Bolsonaro, por más simbólica que sea, podría quedar como un caso aislado en un continente donde muchas democracias siguen siendo frágiles.
En ese sentido, la sentencia no es sólo un juicio contra un hombre: es una prueba de fuego para toda América Latina. Y su verdadero valor dependerá de lo que decidamos construir —o permitir— después.
