Viven en la zona metropolitana, pero pareciera que habitan la localidad más recóndita de Puebla, donde no hay escuelas suficientes. Los menores de edad que estudian deben viajar como mínimo una hora de ida y otra hora de vuelta todos los días, algunos tienen que cruzar a otro estado para su formación académica.
Es la unidad habitacional Misiones de San Francisco, donde en los últimos ocho años se asentaron más de 10 mil familias. El fraccionamiento fue construido en los municipios de Coronango y Cuautlancingo, a un costado de la autopista México- Puebla y cerca del Periférico Ecológico.
En la unidad habitacional hay solo una escuela primaria para cientos de niños que necesitan cursar ese nivel educativo. El problema cada año se hace más grande porque hay más menores de edad.
Los ediles de Coronango y Cuautlancingo, Hermelinda Macoto y Félix Casiano, están inmóviles ante esa deficiencia que enfrentan los habitantes. Como autoridades y representantes sociales no han solicitado a la SEP la construcción de más escuelas; tampoco ofrecen soluciones, como buscar predios para la edificación de instituciones educativas.
La carencia educativa fue heredada por los ex ediles, pero los actuales alcaldes no han escuchado la petición de los habitantes.
Los padres de familia han inscrito a sus hijos en años anteriores y en el actual ciclo escolar en escuelas de la ciudad de Puebla y en municipios del estado de Tlaxcala.
En años anteriores padecieron el problema de ser echados de municipios tlaxcaltecas y resolver por unos meses el asunto con la improvisación de una casa habitación como escuela donde había niños de diferentes grados.
La alcaldesa Macoto se ha pasado los primeros seis meses de su gestión culpando a su antecesor de todos sus problemas. Pero no resuelve el asunto de la falta de escuelas, haciendo los trámites ante las dependencias estatales y federales.
Misiones de San Francisco fue edificado sin un control y un plan urbano por parte de los ayuntamientos de Coronango y Cuautlancingo y así continúa la edificación de más viviendas.
Los ayuntamientos toleran las irregularidades de las constructoras que no dejan servicios de agua potable, de drenaje, alumbrado público.
