Aunque cauto, parece que el combate al crimen organizado en Puebla va en serio. El caso más reciente es la detención de seis mandos de policías municipales: tres en Tehuitzingo, Chila de la Sal y Chietla, municipios de la mixteca; y tres más en Tlapacoya, Tlaola y Jopala, en la Sierra Norte.
El dato no es irrelevante. Aunque se podría pensar que el crimen organizado financia campañas para luego cobrar favores, vale la pena explorar otras posibilidades: ¿la infiltración comienza antes de las elecciones?, ¿los partidos incorporan perfiles ligados a organizaciones criminales en sus planillas o los grupos delictivos negocian posiciones con el ganador de la elección?
Las preguntas son muchas y la información pública para responderlas prácticamente no existe. De otra forma: ¿el crimen organizado recluta a los partidos, a los alcaldes electos o directamente a los encargados de seguridad?
Saberlo ayudaría a inhibir en Puebla la propagación de la corrupción, un fenómeno que alimenta el riesgo de infiltración delictiva en el tejido social. Un ejemplo: si los seis funcionarios de seguridad detenidos recientemente enfrentan acusaciones por presunto encubrimiento a grupos delictivos, ¿qué garantías hay de que los nuevos mandos no serán igualmente cooptados por la delincuencia?, ¿qué se hará, desde los tres niveles de gobierno, para que eso no pase?
Frenar al crimen organizado también exige entender los mecanismos mediante los cuales logra infiltrarse en las instituciones públicas: desde el financiamiento electoral hasta llegar a corporaciones policiales y administraciones municipales.
La disputa tendría que darla el Estado también en el terreno de lo social: es necesario recuperar la confianza, la legitimidad y la capacidad de resolver problemas donde hoy los grupos criminales han llenado vacíos, como ocurre en el Triángulo Rojo; sólo entonces dejaría de parecer que el combate al crimen organizado va en serio, porque realmente iría en serio.
Al margen
El próximo 26 de julio se realizará en San José Chiapa el III Foro de pueblos organizados por la vida y en contra de los basureros. Uno de los propósitos es visibilizar que Cuetzalan, Tehuacán, San Juan Ozelonacaxtla, San Juan Acateno, la región Cholulteca y Volcanes, y San José Chiapa, son pueblos en los que el Estado dispuso del territorio para convertirlo en basurero.
