“Son cosas que dicen los sembradores de odio”, responde Marcello Dell'Utri, condenado por asociación mafiosa, cuando el periodista Felice Cavallaro le pregunta si sabe que aparecer entre los beneficiarios del testamento del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi “disparará la cantinela sobre la sospecha de que Il Cavaliere ha pagado por su silencio sobre las supuestas relaciones con mafiosos”.
La entrevista con Marcello Dell'Utri, histórico colaborador de Berlusconi, fue publicada en los periódicos Corriere della Sera, de Italia, y El Mundo, de España. Dell’Utri fue condenado en 2014 a siete años de prisión por “actuar como mediador” entre la mafia siciliana y Berlusconi.
A diferencia del caso Dell’Utri, donde una sentencia terminó por establecer responsabilidades penales, en México seguimos atrapados en la etapa de las preguntas. Aún no sabemos si algunos gobernadores fueron aliados del crimen organizado, beneficiarios de su poder o simples destinatarios de acusaciones imposibles de sostener ante un tribunal. Lo cierto es que las sospechas cruzaron la frontera.
Hace poco más de 25 años, Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, advirtió que si el crimen organizado cruza fronteras, también debe hacerlo la aplicación de la ley. Las palabras de Kofi Annan se dieron durante la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Palermo, Italia, en noviembre del año 2000.
Desde 2003, México es Estado parte de la Convención de Palermo, el principal instrumento internacional de la ONU para combatir la delincuencia organizada transnacional, que promueve la cooperación entre países en materia de investigación, asistencia jurídica mutua, extradición y combate a redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.
La respuesta de Marcello Dell’Utri tiene eco en reacciones que en México han suscitado las recientes acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Américo Villarreal, de Tamaulipas; y Alfonso Durazo, de Sonora: rechazo absoluto, denuncia de injerencia extranjera y exigencia de pruebas.
Sin embargo, las acusaciones contra los gobernadores mexicanos no pueden entenderse sólo como un episodio de política interna o disputa diplomática: si las sospechas alcanzan a quienes ejercen el poder, a México también debiera importarle qué saben los demás países sobre ellos, tan capaces de beneficiarse de las crisis políticas y las debilidades de los sistemas sociales y legislativos.
Hasta donde se sabe, en el caso de los gobernadores mexicanos, el vínculo entre crimen organizado y política no se limitaría al simple soborno de funcionarios, sino que implicaría un acompañamiento y apoyo mutuo basado en el intercambio y la confianza. Sin embargo, mientras el debate se centra en la soberanía o la política interna, el crimen organizado podría aprovechar esta distracción para fortalecerse.
Al margen
El riesgo de ignorar la Convención de Palermo implica que en México se pase de tener organizaciones criminales orientadas sólo a cometer delitos, a mafias que busquen sustituir al Estado mediante la intimidación y la coacción. ¿O ya estamos ahí?
