Se ha publicado el Índice de Estado de Derecho en México (IED), elaborado por el World Justice Project. Este estudio es fundamental para comprender los límites al poder gubernamental, la corrupción, el gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio, así como la justicia civil y penal en nuestro país; en resumen, el respeto al Estado de Derecho.
Este año, el IED muestra un panorama de estancamiento en la mayoría de las entidades federativas. Solo cinco estados —Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco y Zacatecas— han mejorado sus puntajes desde la última edición. Por otro lado, trece estados experimentaron una disminución en su puntaje y catorce se mantuvieron en el mismo nivel que el año anterior. Esta tendencia es alarmante y señala un estancamiento general en las dimensiones evaluadas por el IED.
Uno de los hallazgos más preocupantes es el deterioro en la justicia penal y el incremento de la corrupción, particularmente en las fuerzas de seguridad y en la administración de justicia. La disminución en el respeto al debido proceso y la creciente percepción de inseguridad entre la ciudadanía son síntomas de un sistema judicial en crisis, apropósito de la anunciada reforma judicial que propone el presidente Obrador en México.
En lo local, en esta edición del índice, Jalisco no ha mostrado avances significativos, manteniendo un puntaje de 0.38 y situándose en la posición 26 de las 32 entidades federativas. Este estancamiento es notable al contrastarlo con los progresos en estados como Querétaro, Guanajuato y Sinaloa. Los factores individuales revelan debilidades marcadas en Jalisco, especialmente en la lucha contra la corrupción y el cumplimiento regulatorio. El estado destaca por ocupar el primer lugar en desapariciones forzadas, lo que resalta la gravedad de la corrupción en las fuerzas de seguridad y en la administración de justicia.
La situación de Jalisco, como si fuese un espejo, se refleja en otros indicadores nacionales. De acuerdo con el INEGI, la percepción de inseguridad en México sigue siendo alta, con un 62.1% de la población mayor de 18 años considerando que vivir en su ciudad es inseguro. En Jalisco, esta percepción persiste, erosionando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Además, el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional coloca a México en la posición 126 de 180 países, evidenciando que la corrupción continúa siendo un problema arraigado. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI también indica que el 93.3% de los delitos no se denuncian o no resultan en una investigación, lo que refleja la desconfianza en el sistema de justicia.
Para progresar, es esencial concentrar esfuerzos en áreas críticas como la justicia penal y la lucha contra la corrupción. La implementación de políticas más transparentes y efectivas en estos ámbitos podría mejorar significativamente el puntaje de México en futuras ediciones del índice.
Estos índices y otros similares deben ser parte del diagnóstico sobre la realidad objetiva del país y de los estados, especialmente, en el contexto de una reforma judicial que se advierte podría sacudir al sistema judicial en México, y en la que todas las voces deberían participar en su construcción.
