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Martes , 26.03.2019 / 03:23 Hoy

Día con día

Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué discutimos?

Héctor Aguilar Camín

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El paquete del Sistema Nacional contra la Corrupción incluye siete leyes distintas y más de 700 artículos.

Nuestra discusión se refiere a triquiñuelas ejercidas en solo dos artículos de la ley de responsabilidades administrativas. Esos dos artículos son el 29 y el 32.

El artículo 29 del dictamen original decía:

Artículo 29. [...] todos los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes; asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

El artículo 29 aprobado dice:

Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Restringir la publicación de los datos al criterio de lo que “pueda afectar la vida privada” es dejar en manos de los declarantes lo que quieren declarar. Es una puerta de escape del tamaño de “la vida privada”.

Respecto del artículo 32, el dictamen original decía:

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses [...] todos los Servidores Públicos.

El artículo aprobado agrega que debe presentarlas también:

b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos c) Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.

Estas adiciones insensatas obligarían a hacer declaraciones patrimoniales, de interés y fiscales a millones de ciudadanos que reciben algún dinero del Estado o trabajan en empresas que venden algo al gobierno.

A nadie escapa la malicia y aún la mala fe con que los legisladores cambiaron los artículos 29 y 32 de la ley de responsabilidades públicas. Creo que el Presidente debería vetar esta ley y volver a la redacción original.

¿Pero estas triquiñuelas destruyen el valor de todo lo aprobado en el Sistema Nacional Anticorrupción? No lo creo. Abundaré mañana sobre esto, disculpándome por lo pronto de mi propia fogosidad en este debate que ha tendido a tomar la parte por el todo.

hector.aguilarcamin@milenio.com

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