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Día con día

La ley y la justicia: un laberinto mexicano

Héctor Aguilar Camín

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Al día siguiente de firmar un memorándum que ordenaba incumplir una ley vigente, el presidente López Obrador hizo una reflexión más desafortunada aún que su ordenanza.

Dijo que la ley era “para las mujeres y los hombres, no los hombres y las mujeres para la ley”, y que si había que escoger entre la ley y la justicia, debía optarse por la justicia.

Escaló así al discurso presidencial una justificación favorita de la costumbre mexicana de la ilegalidad: la creencia de que la justicia está por encima de la ley, y de que las leyes no deben obedecerse si son injustas, es decir, que las leyes no son necesariamente una expresión de la justicia.

Desde los años ochenta del siglo pasado, las encuestas han registrado con altos números esta creencia colectiva, quizá la creencia más poderosa de la cultura de la ilegalidad característica de México.

Me refiero a la idea de que la justicia existe en un lugar aparte de las leyes, y de que puede tener una expresión objetiva por fuera de la ley, incluso en contradicción con ella.

En el nebuloso universo de esta idea general de la justicia, las leyes pueden ser legales pero injustas: impecables en la forma, ilegítimas en el fondo.

El problema es que no hay otro referente objetivo de lo que una sociedad juzga justo que las leyes que esa misma sociedad se ha dado.

Las leyes son la partitura objetiva de la justicia al alcance de una sociedad, no hay una partitura aparte salvo en el reino de la religión, la filosofía moral, o la teología.

Para efectos de la convivencia de una sociedad, no hay otro referente objetivo de lo justo, que la ley.

Presentar lo legal y lo justo como reinos separados, es introducir la subjetividad en el ámbito de la legalidad y del estado de derecho.

Pocas cosas puede decir un presidente mexicano que coincida más con las malas costumbres y las pobres creencias de su sociedad, y que atente más contra su propia posibilidad de gobernar.

México necesita de sus gobernantes una pedagogía y una conducta objetivas de respeto a la ley, no un discurso que legitime el impresentable laberinto subjetivo de la ilegalidad mexicana.

hector.aguilarcamin@milenio.com

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