En los siete meses de su mandato constitucional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha incurrido en más conductas ilegales que sus antecesores en el mismo lapso.
Esta es la conclusión del recuento hecho por Causa en Común y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que la revista Nexos publica en su edición impresa de julio: “Sí o sí: Me canso ganso”. El recuento es consultable desde ayer en la página electrónica de Nexos.
López Obrador repite una y otra vez que “nada fuera de la ley y nadie por encima de la ley”. Pero es el Presidente de los últimos años que más veces se ha puesto fuera o por encima de la ley, en sus primeros siete meses de gobierno.
Según María Amparo Casar y José Antonio Polo, autores del estudio, el titular del Ejecutivo ha incurrido, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, en 20 acciones ilegales.
La lista, de cinco en cinco:
1. Desmantelamiento de las estructuras del servicio profesional de carrera. 2. Censo de bienestar para repartición de programas sociales. 3. Ley de remuneraciones de servidores públicos. 4. Violación a la presunción de inocencia y al honor de las personas. 5. Memorando para dejar sin efecto la reforma educativa.
6. Inicio del Tren Maya sin requisitos legales previos. 7. Cancelación de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil. 8. Contratación de empresas fantasma. 9. Reducción de presupuesto a los órganos constitucionales autónomos. 10 .Consulta pública sobre la termoeléctrica de Huexca, Morelos.
11. Uso de recinto público (Bellas Artes) por asociación religiosa (La Luz del Mundo). 12. Reclutamiento anticipado de la Guardia Nacional. 13. Promoción personal del Presidente en publicidad oficial. 14. Inacción pública ante ocupación y bloqueo de vías férreas (CNTE en Michoacán). 15. Cierre de comedores comunitarios.
16. Cancelación de recursos para Estancias Infantiles. 17. Adjudicación directa de la compra de las pipas de Pemex. 18. Cancelación de NAIM e inicio de Santa Lucía. 19. Militarización de las funciones públicas. 20. Veto a empresas farmacéuticas para contratar con el gobierno.
El texto de Casar y Polo explica puntualmente por qué cada una de estas decisiones es ilegal. Puede consultarse en https://www.nexos.com.mx/?p=43039.
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