En materia de seguridad las señales que manda el gobierno son cada vez peores. Esta vez por vía de la Secretaría de Gobernación. Su titular, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el gobierno está dialogando con varios grupos, sin especificar cuáles, que dicen querer deponer las armas. Posteriormente en boletín oficial, Gobernación intentó aclarar que se trataba de diálogo con las “auténticas” organizaciones de autodefensa, no con las del crimen organizado. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó en entrevista con Denise Maerker que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, tuvo una reunión el pasado 1 de agosto con Octavio Leal Moncada, integrante del Comando Armado Pedro J. Méndez.
La semana pasada escribí cómo la violencia en Michoacán se agravó debido a las malas decisiones gubernamentales. Ahora quieren ampliar la receta a todo el país. Al no entender el problema ni poder diseñar una estrategia seria contra el crimen organizado recurren a la fantasía de que vía un pacto pacificarán al país. Eso revela ignorancia, desesperación e impotencia del gobierno frente a la violencia.
Es probable que AMLO trate, quizá como experimento piloto, de conseguir alguna negociación con las autodefensas, pero es pura ingenuidad creer, a estas alturas del partido, que hay “auténticas” autodefensas en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Existen demasiadas evidencias de su vinculación con cárteles del narco o de que han derivado en verdaderas mafias ya que, ante la ausencia del Estado, se dedican a vender protección.
En otras ocasiones he expuesto las razones por las cuales el pacto con el crimen organizado no resuelve el problema de la violencia. Recupero las principales. En primer lugar, está el tema de con quién negociar. En las décadas de los 60 y 70 el gobierno negoció con una sola corporación del narco, la de Sinaloa, que agrupaba a todas las bandas regionales. Ahora eso es imposible pues la fragmentación de las organizaciones criminales dificulta ponerse de acuerdo con cientos de ellas. Pactar con algunas el perdón a cambio de la entrega de armas no resolverá el problema, pues el resto seguirá operando y se volverán más poderosas ya que ocuparán los territorios abandonados.
La segunda razón de las consecuencias negativas: la promesa del perdón estatal y, por tanto, la impunidad; el mensaje que les estaría mandando el gobierno al resto de las organizaciones es el siguiente: asesina, roba, extorsiona y secuestra ahora, que el Estado las perdonará el día que digan que quieren entregar las armas.
La tercera razón es que se trataría de una solución eventualmente efímera (si dos organizaciones de un mismo estado se entregan, la violencia podría disminuir temporalmente), ya que no habría ningún impedimento —y sí incentivos— para que surjan otras y ocupen su lugar, debido a que el problema de fondo —la inexistencia de instituciones de seguridad confiables y eficaces que impidan la impunidad— permanecerá. No hay atajos ni salidas fáciles y rápidas a la violencia que padece el país. Se debe comenzar por reconstruir la cadena institucional de policías, ministerios públicos, juzgados y cárceles. Y tener estrategias exitosas. Entiéndanlo por favor.
