En Chile los maestros se van al paro general y en México por anuncio oficial se pospone (como medida de tinte electoral) la primera evaluación magisterial, provocando la ira de los promotores de las campañas de satanización de los maestros mexicanos (verbigracia Mexicanos Primero et al) y sus corifeos; y el mutis de las secciones del SNTE (que como las de NL ven cómo profesores más aguerridos de otros estados defienden sus intereses sin la apatía que los domina aquí).
La evaluación del docente en la reforma peñanietista (como en todas las que promueve la OCDE, el brazo orgánico del neoliberalismo para homogeneizar las condiciones continentales de expoliación de los países subdesarrollados), busca la precariedad laboral del magisterio más que la verdadera capacitación de los maestros. Y no se ocupa de los modelos vigentes de enseñanza-aprendizaje ni de los planes de estudio en curso (que en NL ya son obsoletos desde hace varios años que no se revisan).
Se da por sentado que tal evaluación hará –sin más– mejores profesores, pasando por alto que el axioma es falso.
La reforma sostiene de manera conductista que si a un profesor se le capacita, irremediablemente (y pese a todo un cúmulo de factores exógenos) se volverá un maestro de excelencia. Y que si a continuación se le evalúa, sólo dieces obtendrá y su enseñanza será de calidad total, independiente de cómo vivan sus alumnos, de los antecedentes escolares que traigan, o de sus capacidades intelectuales diferenciadas como todo ser humano.
Y si no ocurre así, el sistema asumirá que nunca debió haber estudiado para maestro y se le desechará. El problema de entrada en la reforma peñanietista es que ni siquiera esa capacitación existe ya como carrera magisterial y se van directo a la evaluación.
Expresada en esas fórmulas que ignoran todo un bagaje de discusión teórica en la materia, igualan a los procesos de enseñanza-aprendizaje con partes mecánicas que armadas de acuerdo a recetas inmutables arrojarán invariablemente resultados de calidad total en el aprendizaje de los alumnos sin tomar en cuenta sus especificidades.
En realidad se trata de procesos de índole multifactorial que tienen distintos pesos específicos en los individuos (sean docentes o alumnos) dependiendo de diversos factores. ¿Es posible acrecentar en alguna medida la calidad de la enseñanza? Sí, a condición que también se tome en cuenta la dinámica del aprendizaje. Los entornos sociales no son estáticos ni inmutables. Si estudias aprendes, aunque la escuela o tu hogar se incendie es una premisa falsa. Igual que es falso que si te enseña un maestro evaluado no tendrás más remedio que aprender, pasando por alto las condiciones económicas o sociales adversas que prevalecen en una inmensa mayoría de mexicanos.
Por la parte institucional también los vicios estructurales inhiben en maestros y alumnos la superación académica. Hay escasez de escuelas con mobiliario, con instalaciones y equipo, con laboratorios. En una secundaria técnica de Apodaca, un director guardó por más de tres años 50 equipos de cómputo con el pretexto que los alumnos los iban a estropear. Se volvieron así obsoletos antes que los alumnos lo usaran.
Suponiendo sin conceder las vociferadas bondades de la reforma educativa y su evaluación milagrosa, se ocurre pensar: ¿por qué discriminar con su aplicación sólo a los maestros? ¿Por qué entonces si tan maravillosas son, no hacerlas obligatorias periódicamente a todo profesionista? Y si no las aprueba, hacer imposible que ejerza su profesión. Eso es lo que la evaluación impone a los maestros con el agravante que no es una ¡¡sino siete!! fases de evaluación, una de las cuales es tan subjetiva como la opinión del director que según se dice contará hasta un 30 por ciento.
Los maestros no cuentan con guía de estudio, ni idea sobre lo que habrán de examinarlos. El examen incluye hasta la memorización de las normas, acuerdos y reglamentos oficiales (que muy poco tienen que ver con su labor en el aula). Si reprueban no habrá revisión alguna, ni sabrán nunca en qué fallaron. Hasta que al cabo de tres oportunidades sean retirados del servicio docente. Y ocupe su lugar –así está previsto– cualquier persona que desee enseñar en una escuela pública (claro que ya contratado por honorarios, sin prestaciones y sin plaza).
¿Por qué entonces no hacer igual este proceso de política-ficción con veterinarios, arquitectos, abogados, doctores, contadores, ingenieros, periodistas y demás profesionistas? Si reprueban… que se vayan a la Luna.
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