Desde su independencia hasta la actualidad nuestro país se ha caracterizado por tener una centralización excesiva del poder por parte de los gobiernos centrales.
La centralización del poder vino de la mano con la centralización fiscal.
En México la Federación tiene un factor preponderante en la recaudación y distribución de los impuestos mismos que son distribuidos hacia los estados y municipios y que se convierten en el recurso público destinado a la ejecución de proyectos de infraestructura, programas sociales, obra pública, etc.
De acuerdo con datos del Centro de Investigación en Política Pública del IMCO (2020) los estados generan solamente el 12% de sus ingresos, en tanto que el 80% de sus recursos vienen del acuerdo de coordinación fiscal que tienen con la Federación.
Los estados y municipios obtienen sus ingresos principalmente a través de las aportaciones y participaciones federales (ramo 33 y ramo 28) y los ingresos propios (dinero que se recauda a través de impuestos locales), algunas entidades como la Ciudad de México el 47.7% de su presupuesto lo generan con ingresos propios, mientras que en Durango del total de su presupuesto el 9% es generado con ingresos estatales.
El que estados y municipios dependan de los recursos federales limita mucho su accionar en la planeación y cristalización de sus planes de gobierno.
La democratización del sistema político mexicano desafortunadamente no vino acompañada de una reforma fiscal y una mejor distribución de los ingresos públicos. Carlos Madrazo, quien fuera un egregio político tabasqueño, decía lo siguiente: “el municipio es el fundamento de la vida democrática al constituirse en la primera autoridad y contacto de la población.
Además de atender las necesidades básicas de los habitantes” (Hernández Roberto, Historia mínima del PRI). Como bien decía Madrazo la autoridad municipal es la que conoce de primera mano los principales problemas que aquejan a la ciudadanía, por ende, es imperativo dotar una mayor autonomía presupuestal a estados y municipios descentralizando las finanzas públicas para de esta manera destinar más dinero a obra pública y mejorar los servicios públicos, no obstante, es menester de ambas autoridades eficientar la recaudación y que de acuerdo con las facultades que les otorga la ley cobren los impuestos que tienen que cobrar; por ejemplo el impuesto predial es un impuesto municipal que es desaprovechado en México, la recaudación de predial es del 0.2% del PIB, mientras que la media internacional es 2% (Cernichiaro Reyna, C, 2020, finanzas públicas locales, Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C.).
El exceso centralismo que hay en nuestro sistema político orilla a que haya una discrecionalidad en el ejercicio del gasto público.
Urge una mejora recaudatoria de estados y municipios y una reforma fiscal que permita aumentar los ingresos tributarios para asignar mayores recursos a los estados y municipios del país.
