Ayer se cumplieron exactamente cuatro años de la desaparición física de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa; 48 meses de incógnitas acerca del paradero de sus cuerpos, desaparecidos misteriosamente la noche del 26 de septiembre de 2014. Han pasado 1, 460 días sin que se sepa quiénes fueron los responsables de tal ataque a los estudiantes normalistas. Desde entonces persiste el misterio de si fue o no un crimen de Estado.
Parece increíble que muy avanzadas las primeras dos décadas del siglo XX, con la tecnología de que se dispone, todavía un crimen como el de la noche de Iguala siga impune. Resulta inconcebible que el gobierno de Peña Nieto siga insistiendo en “la verdad histórica” de que los cuerpos de los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, como conclusión definitiva de su investigación.
Por sus repercusiones en la opinión pública, el crimen contra los estudiantes de Ayotzinapa se convirtió rápido en un punto de quiebre del gobierno peñanietista, y del propio régimen priista, que hasta entonces parecía gozar de cabal salud. A medida que el sexenio avanzó, sin que se conociera un resultado convincente sobre el caso, el descrédito del gobierno federal aumentó. Poco después vino el tema de la Casa Blanca presidencial y muchos otros escándalos de corrupción.
Ayotzinapa pasó a ser otro referente histórico de la lucha estudiantil en México. A partir de entonces la demanda ciudadana para que se esclarezca completamente lo que pasó en Iguala y en Cocula esa noche ha sido recurrente. En estos cuatro años se han dado numerosas movilizaciones para demandar una verdad convincente. Esa ha sido y es una de las principales exigencias del movimiento estudiantil en la UNAM y en otras instituciones.
El día de ayer, por ejemplo, trece dependencias universitarias pararon labores en solidaridad con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Este paro se sumó a varios más que se han dado para protestar por la presencia de porros en muchas escuelas y facultades de la UNAM, cuya expresión violenta más reciente fue el ataque a estudiantes del CCH Azcapotzalco, en la explanada de la Torre de Rectoría.
El riesgo que enfrenta la UNAM es precisamente que la movilización estudiantil crezca en su interior o que se agreguen otras demandas que la rebasan, de tal forma que las autoridades universitarias no las puedan resolver. Tendrán que estar atentas para que esto no ocurra
