El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un gobierno opaco. Desde su época como Jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal, el hoy presidente dio muestras de desconfiar y atacar a los organismos de transparencia y también comenzó a ocultar información, como lo hizo con los segundos pisos construidos durante su administración.
Para AMLO el discurso de la transparencia es una simulación del periodo que llama neoliberal pero lejos de desmontar la simulación optó por consolidarla y a partir de ello, ejercer sus facultades para reservar información y gastar el presupuesto sin licitarlo.
Curiosamente se trata de un comportamiento selectivo. Mientras el primero de marzo firmó un decreto para abrir la información del CISEN, por otra parte, ocultó información en temas que tienen que ver directamente con su gestión.
Por ejemplo, reservó hasta el 2024 todos los expedientes elaborados por el CISEN relacionados a su partido político ¿por qué y para qué ocultar la información de un movimiento que se supone fue ideado como un instrumento para impulsar un cambio profundo? También reservó toda la información sobre el proyecto del aeropuerto Santa Lucía. Si algo genera dudas y reservas nacionales e internacionales de este proyecto precisamente es la falta de información técnica, clara y objetiva. Reservar la información de Santa Lucía es poner un velo a organismos internacionales, a aerolíneas y más grave aún, a los usuarios.
Otro caso donde reservó información es en lo relacionado al operativo para detener y extraditar a Ovidio Guzmán, en el tristemente épico culiacanazo. Al reservar esta información blinda la cadena de ineptitudes y oficializa la impunidad interna, el mensaje para los suyos es claro, se pueden equivocar y no habrá consecuencias; en cambio para las familias de los 14 asesinados durante la jornada violenta y para una ciudad sitiada no habrá justicia.
El último caso donde el presidente reservó información es en lo relacionado a la trama Evo Morales. Aquí el presidente tomó partido por su aliado político. Las consecuencias internacionales por las acciones de López Obrador en Bolivia aún se sienten. México se convirtió en cómplice de un delincuente electoral, le dio casa y voz política a un sujeto acusado en su país de robar una elección y favorecer el tráfico de cocaína.
Otro capítulo relacionado a la transparencia es el de las compras del gobierno. En campaña, López se comprometió a que las compras del gobierno se harían con licitaciones públicas y con testigos de las Naciones Unidas. A poco más de un año de gestión se asignan de manera de directa 8 de cada 10 contratos y se entregan sin reglas de operación alrededor de 400 mil millones de pesos.
En todo este mar de contradicciones destaca también la conducta de miembros del gabinete que ocultaron información en su declaración patrimonial y los casos probados de nepotismo. Están expuestos casos conflictos de interés (Manuel Bartlett y Carlos Lomelí, exdelegado federal en nuestro estado) como botones de muestra de que para AMLO y su gobierno el lema de la honestidad valiente se ha transformado en opacidad cobarde y en simulación.
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