Con la aprobación de las leyes complementarias de la reforma educativa termina una etapa oscura que vivirá en la infamia, cuando recordemos la imposición de la mal llamada reforma educativa de 2013. Se termina el brutal ataque y desprestigio a los docentes.
Las leyes derivadas de la nueva reforma educativa de 2019, que se promulgó el 15 de mayo de este año, vienen a dar luz y esperanza al sistema educativo nacional y a un país que por años vio en el olvido la enseñanza pública.
La legislación secundaria que establece el artículo quinto transitorio obligó a crear la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros, una de las más discutidas dentro y fuera del Congreso.
Ha sido un proceso arduo generar un consenso entre los diferentes sectores involucrados en la educación y las visiones e ideologías que existen en torno al tema, pero ante la necesidad de crear un nuevo acuerdo educativo nacional era fundamental.
Solo así podremos dejar atrás el pasado y avanzar a un futuro que sirva para transformar a México con educación, para alcanzar el bienestar y el desarrollo de los individuos, con equidad y excelencia.
La Comisión de Educación realizó un amplio ejercicio de parlamento abierto y recibió miles de propuestas que fueron consideradas, evaluadas y atendidas. De igual forma, se retomaron puntos de convergencia de otras iniciativas, por lo que las leyes aprobadas tienen la tinta de todos los grupos parlamentarios.
La nueva Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros de ninguna manera es un sustituto de la extinta legislación general del servicio profesional docente, sino que ésta es la garantía de un sistema de profesionalización permanente de las profesoras y los profesores, formativo y no punitivo.
Este nuevo sistema se ha construido a través del diálogo permanente; sin la participación de las maestras y los maestros sería negar lo que ahora establece la Constitución, que ellos son actores fundamentales del cambio, y caeríamos en el gravísimo error de la reforma de 2013.
Esa reforma se acompañó de una terrible campaña de desprestigio de la que fue víctima el magisterio, donde se le adjudicó a los docentes la falla de todo un sistema. Este proceso de revalorización debe definir lo que queremos que sea el magisterio como un agente de transformación social y los mecanismos para lograrlo a través de las acciones del Estado.
También resulta necesario establecer una nueva relación entre el gobierno y el magisterio, una que no se base en la intimidación, sino en el diálogo, el apoyo y el entendimiento.
Para lograr esto se debe de priorizar el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje del educando, fortalecer su desarrollo y superación profesional a través de la formación, capacitación y actualización, algo que nunca se dio con la reforma educativa anterior. Reconocer su experiencia y el vínculo con la comunidad y el entorno donde desarrolla su labor.
Esta ley velará por otorgar un salario digno que les permita un nivel de vida decoroso para ellos y su familia, así como arraigarse en las comunidades en las que trabajan y contar con una vivienda adecuada.
Sin duda, esta ley significa un giro de 180 grados en la política de profesionalización, que incorpora los siguientes aspectos clave:
Un nuevo esquema de admisión, promoción y reconocimiento en el que existan lineamientos integrales; con evaluaciones diagnósticas que no sean instrumento de presión, sino que sirvan para generar información contextualizada de lo que necesita el docente para enseñar mejor. En ningún momento y en ninguna parte de la ley se ocupa el término de pase directo o algo similar, sino que la admisión, la promoción y el reconocimiento se realizarán bajo procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales.
Se retoma el control del Estado sobre el manejo de las plazas, otorgándose a quienes cuenten con los mejores perfiles, según los criterios multifactoriales que reconocen los contextos regionales y locales de la prestación de los maestros, a través de un Sistema Abierto y Transparente de plazas, manejado por la Federación.
También establecemos un proceso público tripartita (integrado por la SEP, autoridades estatales y sindicatos) para dar a conocer los resultados de la ponderación de los elementos multifactoriales del proceso de admisión y promoción. Se acabaron las injusticias y venta de plazas.
Se establece un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se crean nuevas formas de reconocimiento a las y los docentes como: estímulos de reconocimiento horizontal, becas-comisión para estudios de especialidad y tutorías, entre otras.
La legitimidad de este dictamen se sustenta en el diálogo y las puertas abiertas. Aquí no hay imposición, hay democracia, pero, sobre todo, voluntad de velar por el futuro de nuestro país, por las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de México, por las y los docentes de nuestro país, por sus derechos y por una deuda histórica que se tiene con ellos. Es momento de transformar a México con educación.
* Diputada federal, secretaria de la Comisión de Educación.
