En septiembre de 2016 fue arrestado el novelista turco Ahmet Altan, dos años después fue condenado a cadena perpetua, conforme a la legislación contra el terrorismo. Las pruebas de la fiscalía fueron tres artículos de periódico y una entrevista en televisión. Desde la cárcel logró hacer llegar al exterior un pequeño libro titulado: “Retrato del acta de acusación como pornografía judicial”. Y eso es exactamente, un panorama de la bajeza, la crueldad y el cinismo del aparato de justicia en la Turquía de Erdogan.
Desde que Justicia y Desarrollo llegó al gobierno en 2002, Recep Tayyip Erdogan ha ido acumulando poder, neutralizando todas las instituciones políticas. Las claves no tienen ningún misterio.
En primer lugar, una retórica incendiaria, beligerante, que le ha permitido capitalizar el resentimiento, la desesperanza y la ira de una parte de la sociedad turca por la corrupción y la desigualdad. Junto a eso, el islamismo le ha servido para socavar las instituciones del antiguo régimen, y mantener la polarización en una sociedad de larga tradición laica, pero en la que la religión tiene enorme influencia en las clases populares. El islamismo redobla la retórica anti-elitista, y se subraya con gestos espectaculares como convertir la antigua basílica ortodoxa de Santa Sofía en una mezquita. El islamismo además conecta con la fantasía nativista de revivir la gloria del Imperio Otomano (en una ocasión, Erdogan recibió al palestino Mahmud Abbas con honores otomanos, con una escolta de militares disfrazados con trajes de los ejércitos de siglos pasados).
Además está la guerra contra el terrorismo, alimentada por el conflicto en Kurdistán, que justifica el despliegue permanente del ejército y una legislación especial que incluye la prisión preventiva, la incomunicación, la reducción de los derechos de defensa —y que pende como una amenaza sobre cualquiera, como Ahmet Altan. Una condena notoriamente absurda basta como intimidación.
Finalmente está la frontera con la Unión Europea que hace de Turquía territorio de paso para millones de refugiados. Los refugiados son la carta de negociación de Erdogan, que cobra a los europeos por ejercer funciones de policía fronteriza, cuya tarea le da ocasiones frecuentes para denunciar la hipocresía de Occidente —y, otra vez, galvanizar a su base de apoyo. Algo más, no menor, es la facultad para otorgar los contratos públicos por asignación directa.
En 2016 comenzó la ofensiva contra las universidades. Con motivo del extraño intento fallido de golpe de estado, ese año fueron despedidos más de 6,000 académicos, y 434 fueron enviados a prisión acusados de terrorismo y propaganda terrorista. Se impuso un “veto de seguridad” y de antecedentes políticos como requisito para cualquier contratación para un puesto académico. Las universidades no tienen poder, pero en Turquía como en todas partes forman a las elites, y son inevitablemente un polo de crítica —mejor tenerlas sujetas.
Por cierto, para proteger la investidura, la ley establece que insultar al presidente es un delito, con penas de cárcel: más de 2,000 personas han sido ya acusadas por eso.
Fernando Escalante Gonzalbo
