Ricardo Anaya

Uno de los mayores retrocesos de la política nacional fue la persecución del candidato presidencial Ricardo Anaya por la PGR, por consigna del presidente Enrique Peña Nieto. Utilizar la procuración de la justicia con una evidente motivación electoral es propio del autoritarismo. Algo semejante aconteció en el gobierno de Vicente Fox contra el ahora presidente López Obrador.

La acción penal contra Ricardo Anaya es reedición de lo mismo. La información disponible hace evidente que es un caso judicial con el propósito de sacar de la competencia a Ricardo. A un gobierno que no ha dado muestra de castigar la corrupción de momento le nace el interés de presentar cargos contra un adversario en la disputa por la Presidencia de la República, igual que en el gobierno de Peña Nieto.

Es grave que un Presidente persiga a sus adversarios y todavía más, que lo haga con un propósito de anular un derecho político fundamental, ser votado. Todavía más serio es que la maquinaria opere oficiosamente con el propósito de dar curso a las pulsiones autoritarias del Presidente y exonerar a sus cercanos. Esto significa la pérdida de sentido de legalidad de las áreas de investigación, como ocurre repetidamente con la UIF, dependencia del gobierno, la que primero bloquea cuentas sin permiso judicial, con todo lo que eso implica reputacionalmente para un negocio o persona, y luego investiga.

¿Por qué si para el presidente López Obrador el Poder Judicial está podrido, exige a Ricardo Anaya que sí confíe, comparezca y se someta? Es evidente que lo que quiere el Presidente, sea o no el autor de la consigna persecutoria, es acomodarse con lo que está ocurriendo para anular a Ricardo de su derecho a ser votado, amén de lo que implica para él y su familia el ser detenido y sometido a proceso criminal. Para el Presidente la presunción de inocencia no existe. Está claro que se integró la investigación a modo. El confeso Emilio Lozoya para el Presidente y las autoridades tiene toda la credibilidad por la sencilla razón que dice lo que éstas quieren escuchar a cambio de impunidad.

Lo que ocurre con Ricardo Anaya no es contra una persona, proyecto político o partido. Es contra la legalidad y por lo mismo un agravio al sistema democrático y a los derechos fundamentales de las personas. Ayer salimos muchos a las calles para exigir del presidente Fox el respeto a los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador. En 2018 reclamamos al presidente Peña utilizar a la PGR para sacar de la competencia a Ricardo Anaya, con la connivencia —vergonzosa y oportunista— de muchos de sus otrora correligionarios. Casi cuatro años después acontece exactamente lo mismo. Una pena que el perseguido de ayer, ahora se vuelva el azuzador de una acción franca y evidentemente autoritaria. El poder envilece, corrompe y destruye si no existe sentido ético de la responsabilidad pública. Un Presidente que presume de lo que carece.