Una de las mejores colaboradoras del presidente López Obrador es la titular del SAT, Raquel Buenrostro. A diferencia de muchos de los que iniciaron en este gobierno, algunos ya depurados, Buenrostro puede decir que la difícil y complicada misión que el Presidente le encargó, de incrementar la recaudación está siendo cumplida más allá de la expectativa. AMLO no ha requerido de una reforma fiscal, simplemente que los grandes contribuyentes otrora privilegiados por el trato gubernamental cumplan con su responsabilidad de pagar sus contribuciones. Terminar con esos privilegios ahora da curso a un incremento significativo de los ingresos fiscales.
Dos datos del reporte de 2020 llaman la atención: primero, a pesar de la pandemia se incrementaron los ingresos fiscales en 137 mil millones de pesos; segundo, la evasión y elusión fiscal recuperó 385.8 mil millones de pesos a través de los programas de fiscalización; 216 mil millones de pesos de grandes contribuyentes y 169.8 mil millones de pesos por fiscalización sin judicialización.
Lo cierto es que ha cambiado la relación de los grandes contribuyentes con el fisco. Una relación que nunca debió darse en tales términos, particularmente por la ilegalidad y lo injusto del procedimiento. Es un logro de Raquel Buenrostro y del Presidente López Obrador, que ha podido alcanzarse con una postura draconiana del SAT, en no pocas ocasiones en los linderos de la legalidad. Llama la atención y dice mucho la ausencia de reclamo o inconformidad al respecto.
Los Documentos de Pandora son un regalo adicional al SAT para incrementar sus ingresos. Como también lo ha hecho con quienes abusaron del outsourcing, del huachicol o de las factureras. Al SAT le deberá ir bien. Los tres mil nombres de mexicanos no necesariamente están asociados a recursos de origen ilícito o defraudación fiscal; incluso hay casos de quienes invirtieron con firmas acreditadas asociadas a Stanford que resultaron en fraude, como el caso del secretario Arganis o del exgobernador Enrique Martínez.
Así, la revelación de las operaciones de los Documentos de Pandora sí le dan al fisco un inventario de sujetos con importante capital que, por alguna razón decidieron tener empresas o depósitos en un paraíso fiscal. Quedará en manos de la señora Buenrostro pasarlos a cuchillo, lo que le viene bien y hace mejor.
El problema con el sentido de justicia del Presidente López Obrador es que el cumplimiento con la ley no es premisa, ni siquiera referencia. Se trata de utilizar el incumplimiento para obligar al pago, y de ser así las cosas continúan sin mayor problema. La cuestión es que esto es extorsión. La justicia legal no existe, más aún, este sentido de privilegiar la devolución o el pago a costa de la ley se ha vuelto la puerta grande para ratificar la impunidad, la mayor debilidad del cuerpo nacional y causa originaria de muchos de nuestros males como la corrupción, la violencia y la desigualdad. Con este criterio el SAT gana, los demás pierden.
Federico Berrueto
