Finalmente ocurrió lo que muchos descartaban: la prisión de Emilio Lozoya. En este espacio hemos señalado que la prisión preventiva es un recurso excepcional, por la sencilla razón de la presunción de inocencia. Para el caso concreto de Lozoya, el privilegio de mantener la libertad se asociaba al compromiso del detenido, confeso, de aportar los elementos incriminatorios a autoridades superiores, presuntamente el expresidente Peña Nieto y los ex secretarios de Hacienda, y pruebas sobre delitos más graves que los de la acusación original. También se pensaba que los términos de la extradición establecían el compromiso de que Lozoya llevara su caso en libertad, como testigo colaborador.
La solicitud de la Fiscalía al juez de declarar la prisión preventiva descarta cualquier idea de pacto de un privilegio indebido. Como en su momento lo señaló el fiscal Gertz Manero, se harían las investigaciones del caso, y se valorarían los elementos de prueba de Emilio Lozoya para verificar si se cumplía con los llamados criterios de oportunidad. La insuficiencia de pruebas obligó a la Fiscalía modificar su postura y solicitar la prisión preventiva.
Los hechos se dan en el contexto de varios casos sumamente polémicos que han desgastado la credibilidad de la Fiscalía. Ciertamente, la acción penal a partir de la denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en contra de un grupo de científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC vinculados con el Conacyt. Así como la divulgación de la fotografía en la que aparecía Lozoya departiendo con amigos en un restaurante de privilegio, al momento en que el juez determinaba que Rosario Robles debería continuar bajo prisión preventiva, lo que comprometía gravemente a la Fiscalía; y, en opinión de muchos, al gobierno federal y a López Obrador mismo.
La prisión preventiva es una medida extraordinaria, cualquiera el caso. Se detiene porque se investigó, no se detiene para investigar. Por eso, el legislador ha debido determinar la prisión oficiosa para ciertos delitos considerados muy graves. Más aún, recientemente la Corte resolvió que no aplicaba para delitos fiscales, siendo indispensable la resolución del juez.
La prisión de Emilio Lozoya no valida a la prisión preventiva como un recurso normal o regular de la investigación judicial. Corresponde a la valoración del juez y a los elementos que aporte la FGR para determinar su procedencia en el caso particular.
Es previsible que la opinión pública respalde la decisión de la detención y, consecuentemente, que la FGR y su titular recuperen terreno. Los desencuentros no deben llevar a perder perspectiva sobre la relevancia de esta institución del Estado mexicano y su fortalecimiento. El irresponsable descuido de Lozoya deja a la Fiscalía en el mejor de los mundos, él preso, pero todavía como testigo colaborador.
Federico Berrueto
@berrueto
fberrueto@gmail.com
