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Martes , 23.04.2019 / 07:18 Hoy

Columna de Esteban Garaiz

Trato hecho: cumplir con la ley y pagar impuestos

Esteban Garaiz

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Cosas grandes y maravillosas” están ocurriendo en la República. Aunque, como dicen las hijas de este pobre escribidor, siempre agradecido con este generoso espacio de expresión, hay que irse con cauteloso optimismo.

Pero es de pensarse: en una nación en la que durante 40 años el gobierno nacional no ha logrado recaudar, en promedio anual, ni el 12 por ciento sobre Producto Nacional Bruto, cuando países prósperos y respetuosos de los derechos humanos, con hondo sentido humanístico y prácticamente todos ellos de orientación socialdemócrata, como Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, han recaudado en proporción cuatro veces mayor, y les alcanza para atender los derechos humanos de su población.

Ahora vemos que hasta el Consejo Coordinador Empresarial cambia de dirigente nacional, y su nuevo presidente: Carlos Salazar Lomelín, que sustituye en el cargo nada menos que a Juan Pablo Castañón, durante la 36 Asamblea Nacional, se compromete textualmente a “cumplir con la ley y pagar impuestos y las contribuciones sociales que nos corresponden”. ¡Órdago!

El órdago de admiración y sorpresa no es gratuito. En estos días pasados el Servicio de Administración Tributaria (SAT), o sea: la Secretaría de Hacienda, informó al Senado de la República (o sea: el Poder Legislativo) que en 2018 devolvió a empresarios 444 mil 508 millones de pesos.

Eso cuando el padrón de contribuyentes ha llegado a 72 millones, lo que ha significado 7 millones más de contribuyentes.

Esa era la gran proclama de las cúpulas empresariales: ampliar la base de contribuyentes. Cuando el tema central de la mísera recaudación fiscal en México, nunca ha estado en la base de contribuyentes (que también es un tema de orden) sino en la cúspide.

En la elusión fiscal, o sea la evasión legal de los grandes grandes a través de los conocidos “regímenes especiales”, siempre y por decenios, camuflados en la propuesta enviada por Hacienda al Legislativo en la Ley Federal de Ingresos de cada año y complacientemente aceptada por casi todos los diputados, a cambio de pizcachas para sus respectivos distritos.

Tal entusiasmo patriota empresarial no queda claro si responde a que la ciencia económica los ha convencido de que el ingreso familiar mejor repartido genera, en realidad mejor dinamismo en el mercado interno con el aumento de la demanda; y así mejoran las utilidades empresariales.

O quizá se han contagiado de la nueva mística empresarial nada menos que en la sede mundial, ante la resaca del neoliberalismo global, hoy reprobado hasta en Davos.

Porque, según nota de Índigo Staff del mes de noviembre del año 2017, ocurre que un grupo nada despreciable de 400 millonarios de los Estados Unidos “se mostraron en contra de la reforma fiscal del Presidente Donald Trump, ya que aseguran que aumentará la desigualdad en el país y que afectará a servicios básicos; y pidieron al gobierno que les suba los impuestos”.

Los más de 400 millonarios que integran el grupo denominado Responsible Wealth, envió una carta dirigida a los congresistas norteamericanos, firmada entre otros por Steven Rockefeller y George Soros; y además difundida en la página de internet de la propia organización.

Dicen a la letra: “Les pedimos que se opongan a cualquier legislación que exacerbe más la desigualdad”. Porque el proyecto conllevaría “profundos cortes en diversos servicios fundamentales, tales como la educación o la sanidad pública”.

Como podrán observar los lectores (y regresando a México) estos millonarios norteamericanos sustentan, y aplican, un criterio frontalmente opuesto al de algunos analistas mexicanos que consideran que el Estado está obligado a salvaguardar los derechos humanos de los habitantes de la Nación sólo hasta donde rindan los recursos públicos de la miserable recaudación fiscal; y no al revés: recaudar todo lo necesario para cumplir todas sus obligaciones, que corresponden exactamente a todos los derechos: como diría la lógica sana.

No sólo eso. Según nota de Fernando Camacho, “el SAT ha desacatado las órdenes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de dar a conocer los beneficiarios de condonaciones fiscales”, que a todas luces son de interés público.

“Sin embargo el SAT ha incumplido dichas ordenes al interponer amparos ante el Poder Judicial”. Podrá percibirse el absurdo de que un órgano público se ampare contra un derecho de ciudadanos. Cuando precisamente el genio jurídico de Mariano Otero promovió el recurso de amparo para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder público, o de quienes estuvieran investidos de tal poder.

P.D. El antepenúltimo párrafo vale ante la inevitable reforma educativa universal.


estebangaraiz.org

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