Zohran Mamdani es alcalde de Nueva York desde el primero de enero. No es exagerado decir que, en un mundo marcado por el trumpismo y el ascenso del radicalismo conservador, Mamdani es hoy el “rockstar” de la izquierda. Venció a todos los que tenía que vencer: la élite de su partido -el demócrata-, a los grandes poderes financieros y las familias poderosas de la urbe más importante del mundo. Mamdani propuso muchas cosas que son casi revolucionarias, pero una llamó la atención mundial: autobuses gratuitos para todos. Sólo para que nos demos una idea, Nueva York como ciudad tiene un presupuesto que es 75 veces superior a todos los presupuestos combinados de los municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aun así, la gratuidad de los autobuses no es un reto menor.
Hacer gratuito el transporte no es una idea locuaz de Mamdani. Luxemburgo tiene su sistema de transporte gratuito desde la pandemia. Malta es otro ejemplo, pero sólo para residentes de la isla. Tallin en Estonia, Dunkerque en Francia o Montpellier también ofrecen servicios de transporte gratuito a los habitantes de la ciudad. La mayoría de estas ciudades o países cobran a los turistas o extranjeros tarifas elevadas para moverse, pero contemplan el servicio gratuito para las poblaciones locales. Un alivio para las carteras de los ciudadanos y una política que desincentiva el uso del auto particular e incentiva el transporte masivo. Es muy cara, aunque tiene sentido de cara al futuro entendiendo también todos los retos y oportunidades que se abren con la Inteligencia Artificial y el desarrollo tecnológico.
Sé que, en Jalisco, una cosa así es imposible. Utópica al menos a corto y mediano plazo. Sin embargo, creo que el debate es necesario en el contexto que vivimos con el incremento de la tarifa de transporte público a 14 pesos por viaje y 11 pesos las tarjetas subsidiadas del Gobierno de Jalisco. ¿Cuánto debe costar el transporte en las ciudades? ¿Quién debe pagar más y quién debe pagar menos? ¿Cuánto dinero debe aportar el Gobierno? ¿Quién debe encargarse, los particulares o el Gobierno?
No tengo respuestas a todas estas preguntas. Porque como cualquier debate sobre política pública en el mundo, hay evidencias contrapuestas, pros, contras y demás que exceden por mucho el alcance de un artículo periodístico. Sin embargo, si me gustaría hacer algunas consideraciones.
La primera, cualquier política de transporte público debe poner en el centro a los que menos tienen y que, por lo tanto, son más vulnerables al incremento de la tarifa. Por ejemplo, el 30% más pobre de Jalisco tiene ingresos totales familiares menores a 13 mil pesos (el 10% más pobre menores a seis mil). De acuerdo con los datos del INEGI, entre el 15 y el 20% de sus ingresos mensuales se esfuman en transportarse. Incluso el llamado quinto decil, previo a la clase media, gasta 2 mil 500 pesos al mes en transporte. Un incremento de 1.5 pesos o 4.5 pesos por viaje -en el peor de los casos- puede suponer la pérdida de un 5-6% del ingreso. Eso significa comer carne un día más o un par de días de vacaciones.
Segundo, es importante que el subsidio del Estado incremente y se contenga el crecimiento de la tarifa. La Ciudad de México puede mantener el costo del metro en niveles menores a la tarifa real por un subsidio que asciende a los 20 mil millones de pesos anuales. En Nueva York, el sistema de transporte sólo recupera uno de cada tres pesos y los dos restantes son subsidios públicos. Seguridad, servicios y movilidad son la base de una ciudad. El subsidio debe ser una prioridad del Gobierno y dirigirse al usuario, y no al pulpo camionero. Me parece correcto que el gobernador Pablo Lemus tomara la decisión de subsidiar a través de las tarjetas y no abrir una partida para los transportistas.
Y tercero, quien puede pagar, debe pagar más por el servicio. Turistas, usuarios poco frecuentes del transporte, etcétera no son personas vulnerables. En muchos países, el transporte público es muy caro para poblaciones no locales (Londres, París) y existen modelos de tarifas para quien utiliza el metro, tren ligero, BRT o el autobús de manera frecuente. Por lo tanto, es importante que el debate de la tarifa trascienda el costo único y vaya hacia modelos que protejan al tapatío que depende diariamente del transporte. Y considero que un paso para poder tomar esas decisiones es estatizar el servicio y eliminar el perverso modelo de concesiones que sólo favorece a los transportistas. Si queremos que el transporte sea público, debe llevarlo sí o sí el Estado. El tren ligero es un ejemplo de ello. Es una empresa pública con buenos resultados.
El incremento al costo del transporte en Jalisco es doloroso para muchas familias. Creo que hay sensibilidad de parte del Gobierno y a través de las tarjetas se busca minimizar el golpe. Lo que sigue es abrir una discusión de fondo sobre el transporte, su gestión, el subsidio, los costos y la tarifa. Más que una coyuntura de golpeteo o una negociación entre el pulpo camionero y el gobernador, la tarifa debe ser reflejo de las necesidades sociales. Moverse con dignidad es un derecho humano. Uno que debe ser tratado como el agua que tomamos o los policías que nos cuidan.
