Por primera vez desde la dictadura perfecta del PRI, un partido político controlará los tres poderes de la república. Morena tiene ya control del Ejecutivo y del Legislativo, y ahora controlará las instancias clave del Judicial. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será encabezada por Hugo Aguilar. El nuevo ministro trabajó para Andrés Manuel López Obrador legitimando frente a las comunidades indígenas los megaproyectos del ex presidente. No erramos al decir que fue operador del tabasqueño. Las críticas al nuevo presidente de la Corte no vienen sólo de la oposición, sino –sobre todo– de las propias comunidades indígenas que subrayan su sumisión al proyecto político de López Obrador. No sabemos si es o no un buen jurista, lo que sí sabemos es que tiene nula independencia con relación a Morena.
Y nos debe quedar claro que no existe estado de derecho sin una Corte auténtica e independiente con relación al poder político. Lamentablemente, en vez de debatir esto –que es lo medular–, los propagandistas del régimen se han ido por la vertiente de su origen indígena. A mí, personalmente, me importa poco si es negro, blanco, café, colorado o dorado, si viene de Guerrero, Chiapas, San Luis o Jalisco. Ser un obradorista confeso hace de Aguilar un perfil inadecuado para la SCJN.
El resto de integrantes de la Corte son también de la esfera política del obradorismo. De entrada, la ministra plagiaria Yasmín Esquivel. Repite en la Corte una mujer que plagió su tesis de licenciatura. Que se burló de la UNAM y que no fue digna ni para renunciar. Loretta Ortiz que ha sido incapaz de romper el cordón umbilical que la une a Morena o Lenia Bartres que más que proteger a la constitución y a nuestros derechos, como ministra ha sido una activista de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Ahora, Morena tiene las mayorías en la Corte que necesita para imponer reformas eléctricas, consultas a modo, militarizar el país, legalizar violaciones a la transparencia, desaparecer instituciones y un larguísimo etcétera.
Una de las “instancias” clave de la nueva estructura judicial es el Tribunal de Disciplina Judicial. Nos vendieron la idea que este tribunal nacía para combatir los excesos de los jueces. Para combatir la corrupción del sistema judicial y, sobre todo, para evitar que los jueces liberen a delincuentes por contubernio. Es decir, lograr aquello que el Consejo de la Judicatura no logró. No obstante, el Tribunal de Disciplina no es más que un espacio que garantiza que Morena pueda ejercer control sobre los jueces. El vínculo de los integrantes con el partido guinda es absoluto: Celia Maya, Verónica de Gyvez, Rufino León Tovar, Bernardo Bátiz e Indira Isabel García aparecían en los acordeones distribuidos para la votación del domingo pasado. Los más votados fueron los promovidos por Morena en sus acordeones. El régimen se ha vuelto tan cínico que ni siquiera esconde sus intenciones.
Hasta aquí, el desastre que ya preveíamos. La pregunta es: ¿Qué debemos hacer frente a esta calamidad? ¿Qué debemos hacer frente esta ola autoritaria que se construye sobre lo que era la endeble estructura del México democrática?
Primero, exigir a la oposición que se comprometa a revertir la reforma si Morena no obtiene la mayoría en 2027. Desde Movimiento Ciudadano hasta el PAN o el PRI deben incorporar reformas democráticas en sus programas políticos. Reformas que combatan el estatus quo, pero siempre respetando la división de poderes. La solución a los problemas del Poder Judicial no es la defensa de lo inservible, sino una propuesta innovadora que empuje a los jueces a operar en estricto apego al estado de derecho y con niveles bajos de impunidad.
Segundo, desde lo local, buscar revertir las consecuencias más negativas del modelo. Jalisco tiene una gran oportunidad. El paso por las urnas es indispensable por mandamiento constitucional, pero es posible apostar por listas de candidatos que pasen por filtros que nos garanticen –en la medida de lo posible– jueces honestos y preparados. Mucha de las resoluciones judiciales que más afectan a los ciudadanos nacen de lo local. Jalisco enfrentará un desafío en 2027 y necesita de su academia, investigadores, ciudadanos y cámaras empresariales para evitar el fiasco nacional que vimos el pasado domingo.
Y, por último, es importante que en México no normalicemos lo que está pasando. Ya lo he escrito en estas páginas. Venezolanos, húngaros, turcos se dieron cuenta que navegaban hacia el autoritarismo cuando el daño ya estaba hecho. En México nos estamos quedando sin instituciones que protejan nuestros derechos. El régimen nos quiere hacer pensar que es el gobierno y sólo el gobierno quien debe tutelar el derecho a la transparencia, el combate a la corrupción, el voto o el estado de derecho. El pueblo le dio la espalda a la elección judicial. Fue un fracaso. Y es fundamental que la protesta vuelva a las calles de este país. No importa si eres morenista, panista, emecista o independiente, a nadie le conviene un Poder Judicial arrodillado al poder político. Hay valores que deberían estar por encima de la política partidista. El 12% de la población no puede hablar por la mayoría.
