En lo que va del siglo XXI, ningún gobierno ha podido frenar la expansión del crimen organizado, tal vez porque el principal objetivo de todos los presidentes ha sido aparentar que toman medidas enérgicas para resolver el problema, en vez de profesionalizar las fiscalías y formar cuerpos policiacos eficaces a nivel federal y estatal. La reforma para militarizar por tiempo indefinido la Guardia Nacional, que ahora se discute en el Senado, es la mejor manera de perpetuar el caos delictivo, pues el ejército está en guerra con el hampa desde 2006, y sólo ha conseguido fortalecerla, quizá porque en algunas plazas está coludido con ella, como reveló el último informe de Alejandro Encinas sobre la matanza de Iguala. Según la propaganda oficial, todos los morenistas son un dechado de rectitud, pero al parecer el presidente no confía en ellos para encomendarles tareas de seguridad. O los considera débiles y corruptibles o teme que un mando civil de la fuerza pública entraría en conflicto con los generales, a quienes respeta mucho más que a sus corcholatas.
López Obrador pasará a la historia como un paladín del militarismo, pues ningún presidente de la era moderna había mimado tanto a los altos mandos del ejército, pero también es un campeón del populismo punitivo, pues ha defendido con uñas y dientes la prisión preventiva oficiosa, que esta semana la Suprema Corte mantuvo en pie, a pesar de la presión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para invalidarla. Si la FGR puede encarcelar a cualquiera sin probar sus acusaciones, omitiendo los obstáculos procesales que antes otorgaban garantías a los sospechosos, ¿quién impedirá que AMLO y el fiscal Gertz Manero sigan usando esa medida cautelar para castigar a rivales políticos o para cometer venganzas personales, como ya sucedió en los amañados procesos judiciales contra Ricardo Anaya y Alejandra Cuevas Morán?
Nadie en su sano juicio puede oponerse a que se castiguen delitos como el abuso sexual contra menores o la desaparición forzada, pero la prisión preventiva oficiosa es una violación grave al debido proceso y a la presunción de inocencia que ni siquiera sirve para disminuir los índices de impunidad (el 94% de los casos denunciados, según el último informe de México Evalúa) y nos ha convertido ya en un líder mundial de la barbarie jurídica, pues según datos del INEGI, un 40% de la población carcelaria no ha recibido sentencia y en algunos casos lleva 17 años esperándola. Tenemos un altísimo grado de impunidad, y para colmo, una buena parte de los reos que abarrotan las cárceles pueden ser inocentes. A esto se reduce la triunfal estrategia de seguridad cacareada en las mañaneras.
Mucha gente indignada y dolida tiende a confundir el ánimo vengativo con el ánimo justiciero. Para ese amplio sector de la sociedad representa un consuelo ver tras las rejas a presuntos culpables, hayan cometido o no los delitos que se les imputan. Esto explica el gran apoyo popular que suscitan medidas como la prisión preventiva oficiosa y el atractivo político de implementarla. Como señala el jurista Alejandro Nava Tovar, “el populismo punitivo busca institucionalizar legislaciones autoritarias, opuestas al garantismo penal, que merman los derechos fundamentales de todas las personas sometidas a un proceso penal si con esto el grupo político dominante puede ganar legitimidad política, ya sea para ganar una contienda electoral o mantener el poder” (véase Populismo punitivo, Inacipe-Zela, 2021). Nava Tovar nunca menciona por su nombre al gobierno de López Obrador, tal vez para evitar darle un tinte periodístico a un ensayo académico, pero aclara que los partidos de izquierda no están a salvo de caer en esta clase de populismo. La pregunta sería: ¿puede un gobierno democrático adoptar los métodos punitivos de los gobiernos militares? ¿Privilegiar la fuerza sobre el derecho no es pisotear los ideales de la izquierda?
Con su defensa encarnizada de la prisión preventiva oficiosa y la truculenta reforma que prolonga la militarización de la Guardia Nacional, López Obrador sigue al pie de la letra el ejemplo de la dictadura bolivariana. En materia de seguridad, la tónica de su gobierno ha sido combatir el crimen organizado (o fingir que lo combate, pues tiene buenos amigos en Sinaloa) con una guardia pretoriana que no rinde cuentas de sus actos a nadie y solapar la ineptitud de la FGR permitiéndole atropellar a su antojo las garantías individuales. Siempre detestó los contrapesos de la democracia, más aún ahora, cuando quiere sentar las bases de un maximato, heredando un grillete fascistoide a la corcholata que señale con el dedo. Pero no le basta con haber incubado el huevo de la serpiente: necesita desmantelar el INE para que salga del cascarón.
Enrique Serna
