El caso de Uber en Pachuca es un claro ejemplo de cómo el Gobierno puede frenar el desarrollo cuando este amenaza los intereses de sus «patrocinadores». Pero todos conocemos la estrategia legal y de mercadotecnia de Uber: entrar y después litigar. La experiencia de otras entidades nos demuestra que el Estado tiene mucho que perder cuando se enfrenta a la innovación y la tecnología.
Dice el gobernador que Uber «está totalmente en la ilegalidad» y que «no está modificada la ley». Sin embargo, la Ley de Movilidad y Transporte no prohíbe expresamente estos modelos de economía colaborativa. Ni siquiera sería necesario modificarla, pues ya establece que «para que las personas físicas o morales puedan llevar a cabo la prestación del Servicio de Transporte (…) deben contar con concesión, permiso, autorización, convenio o contrato vigente…». Es decir, la propia ley contempla distintas vías para prestar el servicio; lo que hace falta es que el Gobierno del Estado autorice su operación.
Y ya que el Ejecutivo afirma, en su Cuarto Informe de Gobierno, que su «convicción inquebrantable» es «obedecer al pueblo», ¿por qué no organiza una consulta pública para determinar si la ciudadanía aprueba o no la llegada de Uber? ¿O son 264 páginas de pura demagogia? Si el servicio de transporte que ofrece el Estado fuera «digno, a la altura de su gente», como presume el Informe, el Gobierno no tendría nada que temer. Sin embargo, ni siquiera ha sido capaz de poner orden en las tarifas de los taxis metropolitanos. «Esa no es mi tarifa», me dijo hace unos días un taxista que considera que puede imponer sus condiciones al usuario.
Incorporar a Uber a la oferta de transporte exige un cambio de mentalidad, como ocurrió cuando el Tuzobús amenazó con desplazar a las combis. La resistencia fue tremenda. Al final, ambas opciones aprendieron a coexistir y a compartir la demanda de movilidad. Tarde o temprano, taxistas y conductores de aplicaciones tendrán que hacer lo mismo. Lo único que consigue la administración estatal al cerrar el paso a la competencia es poner en riesgo la integridad y el patrimonio de quienes decidan invertir en este esquema de negocio.
Si trabajar en Uber es o no rentable, o si su tarifa dinámica resulta abusiva, es otro asunto. Los expertos (Suleyman y Bhaskar) advierten que una «nueva generación de empresas podría encargarse de cosas que hoy suelen ser competencia de los gobiernos» y que «nuevos intereses privados ocuparán los espacios que los gobiernos, al estar sobrecargados y tensos, dejan vacantes».
Esto ya está sucediendo. El Estado se ve rebasado en su obligación de brindar educación, salud, seguridad y transporte de calidad. Por eso existen hospitales privados, escuelas privadas y empresas de seguridad privadas. ¿Por qué, entonces, nos negamos a compartir el negocio del transporte?
Mal, gracias.
