El mandato constitucional es claro: “el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”. De ese artículo 69 se desprenden todas las demás obligaciones de informar, excusa perfecta para que hasta el más insignificante regidor del municipio más recóndito organice un evento para promocionar su imagen, por supuesto, a cargo de nuestros impuestos.
Ahora que lo que nos hace falta es recurso, alguien debería tomarse el tiempo para calcular a cuánto asciende el gasto nacional por concepto de “informes de labores/gobierno”. Una presidenta, nueve ministros de la Suprema Corte, 32 gobernadores, 32 presidentes de tribunales de justicia estatales, 500 diputados federales, 128 senadores, 2 mil 478 alcaldes, mil 122 legisladores locales, 16 mil 875 regidores… más todos los demás funcionarios de medio pelo que, en su soberbia, asumen que la sociedad está ávida de su “informe”. Muchos ofrecen más de un evento y pretenden multiplicar sus efectos con campañas publicitarias carísimas y hasta encuestas de opinión a modo para satisfacer su grandísimo ego. La tarea parece imposible, no solo por la cifra multimillonaria a la que nos enfrentamos, sino por la opacidad con la que se maneja esa información.
Si tuviésemos que resumir el contenido de estos eventos en una simple frase, sería esta: “vamos muy bien”, y para probarlo, las estadísticas se moldean con la facilidad de un Play-Doh. Algunos gobiernos son conservadores, como el de Hidalgo, el cual afirma que nuestro estado es una “potencia en marcha” (eufemismo para decir que seguimos siendo uno de los estados más rezagados del país). Para ser justos, hay que reconocerle a la administración de Menchaca que, por lo menos, el presupuesto se ve en obra pública.
Otros gobiernos, como el de Puebla, abusan de la credulidad de la gente. Han saturado su ciudad capital de pendones que afirman que los resultados van ¡al 600 por ciento! ¿Cómo habrán llegado a esa conclusión? A eso se le llama “hacer alegres cuentas” o, más precisamente, querer verle la cara al ciudadano.
¿Qué sería informar verdaderamente? Que se muestren las derrotas con el mismo ímpetu con que se muestran los triunfos. Ese es verdaderamente el “estado que guarda la administración pública”, no sus ciudades, estados y países inventados. En el ejercicio de informar, la autocrítica es más honesta, creíble y digna de aplauso que el engañoso “vamos muy bien”. Decir que todo va bien es mentir. Asumir como propios los triunfos del colectivo es robar, y para eso se pintan solos los legisladores. Que alguien les diga que todas esas reformas que presumen hubieran pasado con o sin ellos. ¿Qué mérito tiene pasar las iniciativas del Ejecutivo sin cambiarles coma alguna?
Se puede cumplir con el mandato constitucional de informar sin gastar un solo peso. Claro que sí. Basta con que presenten su documento, tal y como lo dicta la ley, que lo suban en PDF a su página web y lo compartan en sus redes. Punto. No es necesaria tanta lambisconería. Utilizar el presupuesto público para informar el estado que guarda la imagen personal de cualquier funcionario es un acto de frivolidad; en efecto, refleja el estado que guarda la administración pública: en franca descomposición.
