No es poco común que cuando un tribunal colegiado concede el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se anule el acto de autoridad reclamado y se reponga el procedimiento, por causar un perjuicio al quejoso, aunque la orden del colegiado sea clara y precisa respecto a las directrices y parámetros bajo los cuales el juez inferior debe emitir su resolución, éste hace “como que la Virgen le habla” y termina haciendo lo que le da la gana.
Y si tal cosa sucede con los supuestos guardianes del estado de derecho, los cuales no pueden llegar a ser tales sin tener el título de licenciado en derecho y contar, además, con la llamada carrera judicial, ¿qué se puede esperar del Frankenstein que hoy responde al nombre de INE, autoridad electoral facultada para organizar y calificar las elecciones, misma que, sin estar integrada necesariamente por conocedores de la ciencia jurídica, también se le atribuye facultades jurisdiccionales?
¿Dónde quedó, entonces de profesionalismo exigido por el Artículo 41, fracción 5, apartado A de la Constitución?
En la actual composición del Consejo General del INE solo siete consejeros son profesionales del derecho. Ciro Murayama, quien ostentándose como constitucionalista ha promovido cambios de las reglas del juego a la mitad del partido, para modificar la composición de la Cámara de Diputados, argumentando una sobrerrepresentación de Morena, es economista; también hay una licenciada en Ciencias de la Comunicación, un licenciado en Ciencias Políticas y un antropólogo.
Paradójico, en un principio, cuando los consejeros electorales solo se ocupaban de organizar las elecciones, no de funciones jurisdiccionales, propias de los jueces, para ser consejero electoral la ley pedía título de licenciado en derecho; y ahora, sin que el Consejo General del INE sea autoridad jurisdiccional se le atribuyen funciones jurisdiccionales, para ser consejero electoral no importa la profesión que se tenga y ejerza.
Al igual que el legendario monstruo construido con fragmentos de cadáveres robados de diferentes orígenes llamado Frankenstein que domina por medio de la maldad y el terror, en los diferentes sistemas electorales que hemos tenido (sin exagerar, desde la época de las juntas electorales de parroquia de la época de don Porfirio hasta la llamada ciudadanización y autonomización de los organismos electorales de los años 90 hasta la aparición del INE en 2014, pasando por el sistema de diputados de partido de 1963 construido para mantener el régimen de partido hegemónico…) se advierte que dichos sistemas no proceden de una ingeniería constitucional tendente a garantizar la vida democrática del país, sino de un monstruoso galimatías mental construido con pedazos de sistemas electorales de otros países que, como fin supremo, busca que el poder económico, aliado al poder político del estado, no pierda su dominio sobre los individuos y las masas sociales.
Bajo estas directrices, desde el periodo de la liberación política implementada en 1977 para que el PRI tuviera con quien competir sin el riego de perder una elección, la clave para conservar el poder político del estado ha sido revisar con lupa a los aspirantes a consejeros y magistrados electorales.
Y si bien es cierto que desde el gobierno de Salinas, el PRI ha compartido el reparto de estos funcionarios con el PAN (y durante los gobiernos de Fox y Calderón el PAN con el PRI y en mucho menos proporción con el PRD), también lo es que, no obstante, algunos consejeros electorales han sacado su casta para realizar dignamente su trabajo, tal es el caso, por ejemplo, de la consejera Adriana Margarita Favela.
Por eso, después de las elecciones del 21 hay que comenzar a reconstruir nuestro sistema electoral. Pero no para que el partido hoy en el gobierno haga lo mismo que sus antecesores, sino para impulsar una verdadera democracia en la que dialógicamente y sin aspaviento alguno todos podamos vivir y convivir.
Hay que reconstruir nuestro sistema electoral para que no vuelva a ocurrir que algunos consejeros investidos de jueces, en vez de escuchar las voces de la razón jurídica escuchen las voces de las fuerzas políticas que los llevaron a sus cargos, sin importarles pisotear derechos humanos. Y no por desconocimiento, ya que tres de los violadores de derechos humanos tienen doctorado en Derechos Humanos.
Efrén Vázquez Esquivel
