El caso de la magistrada Areli Reyes Terán, integrante de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, quien ha sido objeto de críticas en redes sociales por el pronunciamiento que publicó en su cuenta de X sobre el profesor Alberto Israel Jasso Cruz, quien se suicidó tras ser denunciado por una menor por presunto abuso sexual, ofrece una excelente oportunidad para reflexionar sobre el papel de los prejuicios en la vida social y en la interpretación jurídica.
“Además de haber violentado a la víctima, quiere culpabilizarla; se hubiera matado antes”. Esta fue la respuesta de la magistrada a uno de sus contactos, en referencia al video del profesor Jasso, en el que niega categóricamente los hechos que le imputa su denunciante y la menciona por su nombre.
Definiéndose como feminista, la magistrada criticó al profesor que se privó de la vida. Dijo que “a las mujeres y niñas hay que creerles”. Por ello dio credibilidad a la versión de la denunciante, no al profesor. Su declaración desató duras críticas, incluso se exige su destitución. Ante ello, la magistrada ofreció disculpas y reconoció que actuó sin prudencia.
Sin duda, la magistrada actuó con falta de prudencia al hacer públicos en redes sociales sus prejuicios, entendidos como opiniones o juicios preconcebidos, formados sin suficiente evidencia y susceptibles de generar valoraciones o tratos injustos.
Sin embargo, aunque la concepción tradicional del derecho sostiene que los prejuicios deben estar ausentes de la labor judicial, la realidad muestra que resulta imposible erradicarlos. Toda interpretación jurídica está influida, en mayor o menor medida, por las experiencias, creencias y presupuestos de quien juzga. El verdadero desafío no consiste en negar su existencia, sino en reconocerlos y someterlos a un examen crítico para evitar que condicionen indebidamente la decisión judicial.
