La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, ha dicho estar de acuerdo en que el monto de los fideicomisos extinguidos por el Congreso de la Unión sea donado a los damnificados del huracán Otis, como lo propuso el presidente Andrés Manuel.
En oficio dirigido al Presidente, ella dice: “En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos, a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis…”.
“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de la población…”.
¡Enhorabuena! ¡Esta es una buena noticia!
En primer lugar porque, antes que todo, se debe ser solidarios con todos los afectados por el mencionado huracán. Y en segundo, porque al parecer se está dando el primer paso para que se abra el diálogo entre la cúpula del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el titular del Poder Ejecutivo de la Federación (PEF).
El diálogo entre estos dos Poderes de la Unión es sumamente necesariopara poder transformar de manera estructural el PJF. Pues, como lo he dicho dos o tres veces en MILENIO, el PJF que tenemos es el mismo del siglo XIX, lo que origina que en tiempos de la hipermodernidad y la globalización económica que hoy vivimos, los rostros del tiempo de la institución más antigua de nuestro país, como lo es el PJF, cada vez se muestran más escuálidos y desdibujados.
Aclaro: cuando hablo de un nuevo PJF no me refiero a que en la Ciudad de México y en cada una de las entidades de la Federación tengamos una moderna Ciudad Judicial, con oficinas de lujo equipadas con una alta tecnología.
No, no es así, el PJF no son los edificios, tampoco los ordenadores, los software, ni la Constitución y las leyes que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional. Es, y no otra cosa, el conjunto de las personas facultadas por la ley para juzgar a sus iguales.
Y es el caso que nuestros jueces son jueces de la tradición, de una tradición olvidada a la que nunca se ha ido a su encuentro para transformarla. De ahí que nuestros jueces todavía cargan con el peso de las estructuras antropológicas del imaginario de los jueces del siglo XIX, quienes, a su vez, arrastraron los atavismos históricos de la época de la Nueva España.
Es verdad que ha habido esfuerzos para formar jueces, pero cuando ya son parte del PJF, y después de que accedieron a dicho órgano por medios informales de reclutamiento. Pero, en honor a la verdad nunca ha habido tal formación, sino una simple capacitación formal que ofrece el mismo PJF. Ello después de que se aprendió el oficio de juzgador a la luz de la cultura del machote, teniendo como tutor al titular del juzgado, o al magistrado o ministro de la SCJN.
Para concluir, creo que para transformar este país primero hay que transformar el PJF. Algo más: debido que la cirugía que el PJF necesita es mayor, el proyecto de transformación, suponiendo que hay voluntad política para su realización, tendría que ser transexenal y por etapas. ¡Ah!, y no sin antes haber debatido ampliamente el problema de la selección y formación de jueces y el acceso a la judicatura entre los miembros del PJF, académicos, actores políticos y sociales, etcétera.
Desde mi punto de vista, lo primero que se tendía que debatir no es la elección de ministros de la Corte, porque lo que urge, para despolitizar la SCJN, es un nuevo tribunal de la Constitución que no sea parte del sistema ordinario de justicia.
Por lo pronto ya apareció censurando a la ministra Norma Piña, por el oficio que esta envió al Presidente, uno de los voceros de Felipe Calderón, Javier Lozano, quien dice por medio de Twitter que, “De verdad, ya vale madre todo…”.¡Listos para el debate!
