Es una canallada condenar la declaración del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la operación de Estado coordinada por Felipe Calderón Hinojosa, siendo presidente de México, para interceptar el proyecto de resolución del hoy presidente de la SCJN en el que se determinó que una de las principales responsables de la tragedia de la Guardería ABC era Marcia Altagracia Gómez del Campo, dueña de dicha guardería y prima hermana de Margarita Zavala, esposa de Calderón.
Políticos, legisladores de oposición, comunicólogos y hasta destacados académicos del área del derecho –cosa que me da tristeza, porque se supone que un académico independientemente de la ideología que profese sabe y debe controlar sus prejuicios–, al unísono repiten el estribillo primeramente entonado por Margarita Zavala, con el cual pretenden desvirtuar las duras acusaciones que ha hecho el ministro Zaldívar a Felipe Calderón: “¿Por qué después de 13 años Zaldívar hace esta denuncia?”.
Lo anterior, al parecer sin importarles que el incendio de la Guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, fallecieron 49 infantes y 106 resultaron con endebles cicatrices de quemaduras, que generarán problemas existenciales de diversa índole. Además, sin importar tampoco que el factor principal que originó la tragedia, por haberse obtenido un contrato de subrogación del IMSS sin que las instalaciones de la susodicha guardería cumpliesen con los requisitos de seguridad exigidos por la ley, fue la corrupción.
Triste la situación que vivimos en el México del siglo XXI, por razones políticas, solo por estar en contra del nuevo régimen que a muchos resulta incómodo, la corrupción y la impunidad sigue teniendo muchos defensores.
En síntesis, la operación de estado consistió, a decir del presidente de la SCJN, en que el entonces presidente de la República hizo uso del poder público, por medio del entonces titular de la Secretaría de Gobierno, Fernando Gómez-Mont Urueta, para torcerle el brazo a la justicia a fin de que la prima hermana de Margarita Zavala y altos funcionarios de la administración pública federal quedaran impunes de un crimen de lesa humanidad. Finalmente, asegura Arturo Zaldívar, que no obstante la resistencia que él opuso, su proyecto de resolución fue sustituido por otro elaborado en Los Pinos.
De acuerdo, en un estado de derecho el juzgador está sometido a la ley exactamente igual que cualquier otro justiciable. Lo que significa que no porque este dicho procede del presidente de la SCJN se debe tener como verdadera; pero un académico, un abogado con ética profesional, lo que le corresponde hacer como parte de los formadores de opinión es exigir que esos hechos sean investigados y, de confirmarse, se proceda conforme a derecho contra quienes resulten responsables, no tratar de tapar el sol con un dedo.
Y mucho menos una declaración como la del ministro Zaldívar debería ser objeto de condenas por personas familiarizadas con la crisis endémica de la justicia en México, con el argumento ¿por qué hasta ahora?, fingiendo ignorar que, a pesar de los esfuerzos de destacados juzgadores entre ellos el ministro Zaldívar, el Poder Judicial sigue siendo el Palacio del Rey Minos, en el que la sinrazón del Minotauro determina las reglas del buen comportamiento de los juzgadores frente a los poderosos y el poder político. Así que, a la respuesta ¿por qué hasta ahora?, respondo, porque hasta en tanto no lleguen Teseo y Ariadna a matar al odioso Minotauro, los juzgadores seguirán ante el dilema: “O cabresteas o te ahorcas”.
Efrén Vázquez Esquivel
