Parece ser que la mayor probabilidad de obtener el triunfo en un litigio entre órganos del Estado es por medio del fraude a la ley; y esto es algo que acontece no solo en el ámbito federal, sino también en el local, cuando el Ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso.
Dicho de manera simple, el ilícito de fraude a la ley se comete cuando deliberadamente se recurre a estratagemas legales (chapuzas, triquiñuelas, artimañas…) para no obedecer lo que la ley ordena que se haga.
En el caso del juez, interpretando la ley según su conveniencia, y en el caso del abogado, para confundir el entendimiento del juez y de esta manera ganar ventaja a favor de su cliente.
El fraude a la ley lo pueden cometer no solo los juzgadores, sino también cualquier persona investida de autoridad. Incluso, de manera indirecta, los particulares.
Un ejemplo de conflicto entre el gobernador y el Congreso, resuelto por la Corte, en el que el fraude a la ley fue factor determinante para la derrota del PRIAN, es el de la designación del fiscal General.
El PRIAN ha divulgado que Samuel rompió el acuerdo de que Adrián de la Garza sería el fiscal, a cambio de que le aprobaran su nueva Constitución. Por su parte Samuel dice no haber inconveniente para que el Congreso designe al fiscal; pero no a su ex contrincante en las elecciones que él ganó.
La resolución de la Corte, en este caso incuestionable, establece que el proceso de selección del nuevo fiscal debe continuar; pero solo con los aspirantes que cumplieron con todos los requisitos de la convocatoria.
Y es el caso que Adrián de la Garza y los postulados por el PRIAN no cumplieron con todos los requisitos, les faltó la carta de no antecedentes penales, porque la autoridad administrativa no las otorgó, teniendo la obligación de otorgarlas. Pero tampoco éstos hicieron jurídicamente lo debido para que se les otorgara.
Se fueron por lo fácil, acordaron que la Comisión Anticorrupción determinara que dicha carta no era necesaria. En fin, de ambos lados no se gana un conflicto, si no es por medio del fraude a la ley. ¡He ahí la incongruencia de la cultura de la legalidad, de la que tanto se habla!
