El Congreso de Hidalgo le entró ya de forma directa al tema de buscar, rastrear, pedir información, solicitar transparentar el proceso o demandar incluso a los culpables, del presunto fraude cometido por una institución de banca privada, en contra de un recurso federal que estaba destinado para el estado desde 2020.
El caso es el multicitado presunto fraude, cometido en contra de al menos 16 entidades federativas, entre ellas Hidalgo, donde la Secretaría de Hacienda habría depositado fondos para la infraestructura social, que finalmente nunca llegaron.
Son más de 800 millones de pesos, lo que de acuerdo con diputados locales, representa el presupuesto anual de los 10 municipios más pobres del estado o los que requieren mayor impulso.
El tema desató un debate sobre ¿cuál es la participación o si existe alguna, en dado caso, de parte de funcionarios estatales?, ¿hasta dónde se pudo detener el que Hacienda haya enviado el depósito al banco seleccionado por las autoridades hidalguenses? ¿se debería abrir una investigación particular a nivel local o todo es tema federal y que allá se arreglen?
Julio Valera, coordinador de la bancada del PRI, pidió que el proceso fuera informado con todos sus bemoles a la sociedad para no crear falsas culpas o señalamientos; sin embargo, recibió la embestida de los morenistas Fortunato González y Andrés Caballero, a quienes se sumó José Noé Hernández, también morenista, pero disfrazado de Nueva Alianza, quienes pidieron la comparecencia de la secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, antes de que deje el cargo en septiembre. El tema podría ser relevante para los hidalguenses, si es que se rastrea o se logra luchar legalmente por esos 800 millones de pesos, y más allá de buscar culpas, pues hay actualmente personas detenidas por el caso, contar con la reparación del daño y recuperar el presupuesto.
Eduardo González
Twitter: @laloflu
