En México, los funcionarios públicos o cualquier personaje que se dedica a la política como forma de vida, lleva en sus genes –unos más que otros, pero son la gran mayoría- el uso del poder y el dinero como forma de ejercer presión contra sus semejantes, en el mejor de los casos.
La violencia social tiene sus muestras más salvajes cuando se agrede a las personas que buscan el derecho a informar, como los ataques a la prensa, a la libertad de expresión y a la labor de los periodistas. Ayer, durante una manifestación y bloqueo de pobladores del municipio de Atotonilco de Tula, se registró un hecho de violencia en contra de la reportera Rosalía Maldonado del Sol de Hidalgo y Alejandro Torres de Retrovisor, a quienes el ex diputado federal de Morena, Julio César Ángeles, pidió que sacarán de la zona donde realizaban su trabajo.
Posteriormente, se observa en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, que incluso pidió a gente que respondía a sus órdenes, que sacaran y golpearan al periodista Alejandro Torres.
Desconozco las causas o motivos que llevó al también ex presidente municipal responder de dicha forma, pero por muchos pleitos personales o inconvenientes entre particulares, la reacción es completamente reprochable.
¿Qué hubiera pasado si a la orden del personaje político, una turba de hombres hubiera respondido con violencia en contra del comunicador o en contra de cualquier persona?
¿Es permisible el llamado a la violencia sabiendo que se cuenta con el respaldo de un cargo público o de un historial político en donde se conoce a personajes del gobierno y en cambio el periodista no?
Se espera que la Fiscalía especializada en las agresiones a periodistas pueda intervenir en el asunto y se obtengan respuestas, o de lo contrario se replicarán actitudes similares a sabiendas de que hay impunidad para ello.
Eduardo GonzálezTwitter: @laloflu
