Que la Secretaría de Seguridad Pública estatal identificó que hay ayuntamientos bajo investigación por su presunta participación en el desvalijamiento ilegal de vehículos. No se habla de sospechas aisladas, sino prácticas vinculadas al robo de transporte de carga que operan en carreteras estratégicas, con especial foco en las rutas donde desaparecen tractocamiones y reaparecen autopartes. También, se tiene detectada la geografía del problema en tramos como Tecamachalco y Esperanza, señalados como puntos críticos en la comisión de estos delitos.
Que en el municipio de Chapulco, en la Sierra Negra de Puebla, los monumentos se han convertido en Transformers. Y no se trata de una nueva película de Hollywood o de inteligencia artificial, más bien de la “creatividad” del alcalde, Marcelino Martínez, para usar la pieza dedicada a Miguel Hidalgo, ícono de la plaza principal, para montarle un árbol de navidad. Algunos lo aprueban por motivar el espíritu navideño pese al limitado presupuesto, pero otros lo acusan de mezquino.
Que la administración estatal enfrenta una serie de pagos que provienen de juicios que les han ganado, herencia de viejos pleitos que nadie quiso atender a tiempo y hoy pasan la factura. Se trata de casos que se arrastran desde hace décadas y obligan a las autoridades actuales a ponerse al corriente con deudas millonarias. Se dice que existen más de nueve contratos firmados desde 1988 para obras que jamás se construyeron, pero que quedaron perfectamente asentadas en papel y con el paso del tiempo, esos acuerdos fantasma se convirtieron en problemas legales muy reales.
Que en Movimiento Ciudadano ya dieron el primer guiño rumbo a la reforma para la implementación del Mando Único policial. La diputada local, Fedrha Suriano, adelantó que respaldarán el proyecto siempre y cuando sea a petición expresa de los ayuntamientos y no como imposición desde el estado. En la bancada naranja aseguran que la coordinación en materia de seguridad es urgente, pero advierten que el reto será blindar el modelo contra usos discrecionales y garantizar que no se traduzca en la pérdida de autonomía municipal.
