Que misteriosamente, tanto el doctor José Antonio Martínez García, ex secretario de salud de Miguel Barbosa y Julio Huerta, primo del extinto gobernador, dejaron de tener activismo político de cara a la definición de la encuesta para erigir a quien será el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. O ya sea dieron por vencidos o bien, han puesto toda su fe en que Claudia Sheinbaum meta las manos por ellos y decida que uno u otro sea el candidato a la gubernatura, nomás por su bonito rostro.
Que de cara al proceso electoral del 2024 y la etapa de las definiciones, resurgió el activismo del ex líder sindical del Ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco. Y es que coincidentemente, este lunes se reportó una manifestación que terminó en trifulca, incitada por personas ligadas a Pacheco Velázquez como Isabel Franco, quien igual estuvo presente en las protestas, y en los mítines que convoca el ex líder sindical. Que lo anterior se da después de que comenzaran una serie de declaraciones entre el senador Alejandro Armenta y el edil capitalino, Eduardo Rivera. ¿Será que Armenta siempre sí ve como plan B el gobierno de la capital, y por eso ahora comienza a preparar el terreno?
Que en esta loca carrera por la gubernatura, quien apretó las tuercas fue la ex alcaldesa Claudia Rivera. Y es que resulta que sus allegados, incluidos ex funcionarios de su administración, lanzaron mensajes “muy orgánicos” para felicitar al presidente por su quinto informe y aprovechar para recordarle que en Puebla, Claudia Rivera es la mejor opción por si acaso cambia el género en las condiciones de competencia. Desde luego que los más interesados en que esta campaña funcione son los de la oposición. ¿Se imaginan una tercera campaña entre Eduardo Rivera y Claudia Rivera ahora por la gubernatura?
Que en el Congreso del Estado se cocina una iniciativa promovida por el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Rafael Micalco para encarcelar a los ladrones de autopartes, delito que no se ha logrado erradicar, sobre todo en la zona metropolitana. La modificación al Código Penal impondría de 6 a 12 años de prisión y multa de hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización, es decir, cerca de 210 mil pesos.
