Que la ceremonia de cambio de cabeza del Sistema Nacional Anticorrupción, que pasó de Francisco Álvarez Córdoba a Jorge Alatorre, fue un botón de muestra de la falta de coordinación en ese aparato, pues de las seis instituciones públicas que lo conforman junto con el Comité de Participación Ciudadana, solo estuvo presente la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, y faltaron el auditor David Colmenares, el secretario Roberto Salcedo, el magistrado Sergio Valls, la fiscal María de la Luz Mijangos y la magistrada Mónica López.
Que después de cinco días de puente, los diputados federales reiniciarán este miércoles sus hostilidades y a primera hora, en la Junta de Coordinación Política encabezada por Ignacio Mier, se espera que morenistas y petistas pongan sobre la mesa la solicitud para remover a Santiago Creel como presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, luego de la polémica del pasado 1 de febrero, cuando el panista impidió el acceso de militares armados al pleno.
Que el presidente llamó a sus adversarios políticos a privilegiar las coincidencias, a poner fin a la lógica de la lucha por la lucha y el poder por el poder, a aprovechar el impulso después de salir del bache por la crisis de covid-19 y a enfocar las baterías hacia adelante antes que perpetuar el conflicto por el conflicto y, en resumen, la politiquería. Citamos por supuesto al presidente estadunidense, Joe Biden, en su exposición por el Estado de la Nación ante el Capitolio.
Que vaya cónclave el que tendrá lugar hoy en Monterrey con la reunión de los secretarios federales de Gobernación, Adán Augusto López, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como por la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Clara Luz Flores, con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. La idea es definir el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2023.
