Que los días pasan y el priista Adrián de la Garza Santos aún no ha manifestado oficialmente su intención de contender por la alcaldía de Monterrey, lo que en teoría da ventaja a Mariana Rodríguez Cantú, precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal regiomontana. Hay quienes aseguran que De la Garza Santos aún mantiene prendida la veladora por si se destraba jurídicamente el proceso para elección de fiscal General de Justicia del Estado y sea nombrado en el cargo.
Que la diputada federal del PRI, Karina Barrón Perales, quien se registró como precandidata de la coalición Corazón y Fuerza por Nuevo León al Senado de la República, ya comenzó a pisar el acelerador, y ante la problemática ambiental del estado exigió la clausura de la refinería de Cadereyta. El motivo, dijo, es porque el año pasado Pemex recibió recursos para aplicar un sistema que disminuyera sus emisiones y no lo hizo.
Que la Secretaría de Infraestructura Sostenible de Monterrey, que encabeza Guillermo Hernández, ofreció alternativas ante el problemas de congestionamiento que se genera en la zona poniente. Una de ellas es una vialidad temporal en la calle Alejandro de Rodas, entre Cumbres de San Agustín y Puerta de Hierro. De esta forma, la opción ayuda a agilizar el tráfico vehicular en avenida Paseo de los Leones y Puerta de Hierro, donde se construye un paso a desnivel.
Que el Gobierno de Guadalupe, la empresa Arca Continental y la organización Isla Urbana hicieron sinergia para aplicar el programa Escuelas de lluvia en nueve primarias y secundarias de ese municipio, el cual implica la instalación de un sistema de captación pluvial. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar explicó que con este sistema se puede almacenar hasta un millón 500 mil litros de agua al año.
Que el Instituto Estatal de las Mujeres, presidido por Laura Paula López Sánchez, reconoció a dependencias del Gobierno del Estado que fomentan las buenas prácticas en igualdad de género en esos espacios de trabajo. Por ello destacó la labor de unidades en esta materia en la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial del Estado, el DIF Nuevo León, además de las secretarías de Igualdad e Inclusión, Salud y Trabajo.
