Que en la vida pública mexiquense hay diversos puntos álgidos en la agenda para esta semana. Uno de ellos es el denominado “Plan B” de la iniciativa de Reforma Electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República. Ante esto, el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reiteró el respaldo del gobierno estatal a esta propuesta, la cual busca principalmente la reducción de gastos.
“Nosotros pensamos que es una buena iniciativa que va a ayudar a que en el Estado de México, en el país; la apoyamos así sin cortapisas, como hemos apoyado todas las iniciativas de la presidenta”, aseguró.
Que por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, sigue poniendo manos a la obra ante la apremiante situación de carga de trabajo en el Poder Judicial del Estado de México. Para abatir el rezago que existe en los juzgados familiares, está elaborando un plan de contingencia en el cual considera la habilitación de mediadores, juzgados paralelos y habilitar secretarios con funciones de jueces con el fin de despresurizar las labores pendientes.
Que este fin de semana la Secretaría del Agua acudió al Río de Temascaltepec a tomar diversas muestras para medir el nivel de contaminación que pudiera tener el afluente, debido a que en las últimas semanas se ha observado un color turbio del agua y olores fétidos. La preocupación es que en algunos puntos el líquido se usa para consumo humano y en otros para el riego de cultivos, y hay dudas de si existe presencia de metales pesados y otros elementos que puedan causar daños a la salud. Las mineras en la región estarán bajo la lupa.
Que después de tantas tragedias que los transportistas han causado, diversos colectivos demandaron a la Secretaría de Movilidad del Estado de México estatizar las concesiones de transporte público involucradas en siniestros viales. Derivado de los recientes hechos de tránsito que se han registrado en el territorio mexiquense y que ha provocado la detención y procesos penales en contra de choferes, las organizaciones solicitan que las empresas involucradas pasen a ser administradas por el Estado.
