Que en Zempoala la percepción de inseguridad comienza a convertirse en una preocupación recurrente entre los habitantes, quienes señalan un aumento en los robos tanto en la cabecera municipal como en comunidades como Santo Tomás. A ello se suman reportes de asaltos sobre la carretera hacia Santa María Tecajete y denuncias de turistas que han sido víctimas de la delincuencia en las inmediaciones del Acueducto del Padre Tembleque, uno de los principales atractivos de la región, por lo que los vecinos se preguntan: ¿dónde está la policía municipal?
Que el gobierno estatal decidió abrir las puertas de Patio Téllez para que se conozca de primera mano las condiciones de las unidades retiradas del Tuzobús, en un ejercicio que busca exhibir el “antes y después” de la flota vehicular; sin embargo, más allá de los autobuses deteriorados, la visita también pondrá sobre la mesa preguntas sobre los costos de mantenimiento, el destino de las unidades sustituidas y la rentabilidad de las inversiones realizadas recientemente en el sistema de transporte, ya le contaremos como avanza y ocurre todo.
Que la actual administración del Ejecutivo, logró recuperar un predio que durante el sexenio anterior fue donado a un familiar de la entonces secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, y que hoy forma parte de la Ciudad Deportiva, donde se ubican las canchas de pádel. De acuerdo con la Oficialía Mayor que encabeza Orlando Ángeles, el inmueble regresó al patrimonio estatal sin que se realizara pago alguno, pese a que el ex beneficiario habría solicitado una compensación económica.
Que el litigio laboral que enfrenta el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Hidalgo llegó a una nueva etapa luego de que el partido impugnó la retención de 85 mil pesos de sus prerrogativas para cumplir con un laudo a favor de un extrabajador. Mientras el asunto se resuelve en los tribunales electorales, el caso vuelve a poner sobre la mesa la obligación de los institutos políticos de atender las resoluciones laborales y garantizar los derechos de quienes prestaron sus servicios, un principio que las autoridades electorales han señalado como prioritario.
