M+.- Nada consistente y esperanzador se conocerá este lunes cuando el subsecretario federal de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, informen lo que la presidenta Sheinbaum anunció como “los avances” en las investigaciones de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Si algo es claro en el indescifrable mamotreto en que el obradorato convirtió el tema es la mala fe con que las autoridades políticas y ministeriales vienen actuando desde que López Obrador aprovechó la tragedia para su campaña por la Presidencia con la patraña de que se trató de un “crimen de Estado” y la perversa promesa de hallarlos “vivos”.
La intencionalidad, los motivos que conducen a la comisión de un crimen, es en extremo difícil de probar en los tribunales cuando se quiere de veras procurar e impartir justicia, pero en la actuación del primero y segundo pisos de la 4T abundan elementos para sostener que el único propósito de lo pregonado en ocho años de manera contradictoria y sin éxito, es complacer en sus interpretaciones y especulaciones a los deudos y a las organizaciones que los vienen apoyando.
Entre los más importantes elementos demostrativos de la mala fe con que el régimen viene actuando sobresale uno que indigna: desde finales de 2018 ha sido criminalmente ignorada la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la facciosa Rosario Piedra Ibarra para que la General de la República envíe al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck 114 restos recuperados del basurero de Cocula y el río San Juan —petrosas incluidas—, susceptibles de conservar ADN, para que se les practique el estudio genético que quizá permita la identificación de los 40 jóvenes (tres ya lo fueron) que siguen reclamando sus deudos.
Para ganar simpatías electorales, AMLO prometió lo imposible: localizar con vida a los normalistas desaparecidos y devolverlos a sus familias, pero pronto comprobó que “no es lo mismo ser borracho que cantinero”.
La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 de 109 estudiantes de la normal rural que acudieron a Iguala fueron detenidos por policías municipales que los entregaron a la banda criminal Guerreros Unidos, que los ejecutó y trató de desaparecer quemando sus cuerpos hasta la carbonización en el muladar y esparció los fragmentos en el río.
Casi desde el principio, el centro Tlachinollan de Derechos Humanos aventuró lo del “crimen de Estado” y acusó al Ejército de haber ejecutado la masacre.
La patraña fue secundada por el pernicioso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la brasa de la insidia se volvió el actual incendio.
En el peñato, decenas de los perpetradores fueron detenidos; confesaron los homicidios, la quema de los cadáveres y la disipación de los restos, pero tanto los padres como sus representantes se negaron a aceptar lo único que no se ha podido desmentir: la abominable “verdad histórica…”.
