Que los representantes del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano ya impugnaron el reajuste en el IEEH donde no vienen incluidas sus dietas y corrieron al Tribunal Electoral de Hidalgo; el recorte, dicen, afecta su operación dentro del órgano electoral, pero resulta que cuando el presupuesto aprieta, lo primero que se siente no es la democracia sino el bolsillo. El Tribunal tendrá que decidir si el ajuste fue legal y ese ingreso debe de correr por cuenta de los partidos que representan.
Que de los tres túneles en la carretera Real del Monte-Huasca, sólo el de Omitlán tiene luz, mientras dos siguen en penumbras desde marzo por el robo de cable, según la propia SICT en Hidalgo delito que no es raro en la entidad. Es increíble que a estas alturas una vía nueva, de alto costo, esté operando con tramos críticos en condiciones básicas sin resolver, donde la visibilidad depende más de la suerte que de la infraestructura. Son 200 millones de pesos para atender la iluminación y otros pendientes, según el delegado Pablo Olvera, sin fecha clara de solución aún.
Que al menos ya no hay cierres programados, un avance si se toma en cuenta que hasta marzo el tránsito se detenía por riesgos, pero el estándar no puede ser pasar de “cerrada” a “abierta a oscuras”. La operación plena de una vía no se mide sólo en sí se puede circular, sino en las condiciones en que se hace y mientras la iluminación no se restablezca en su totalidad, la carretera seguirá incompleta en lo esencial: ofrecer seguridad real a quienes la usan. Porque en infraestructura, la oscuridad no es un detalle técnico, es un riesgo directo.
Que todas las obras públicas del gobierno estatal “tienen garantía”, asegura el titular de la SIPDUS, Alejandro Sánchez, quien plantea que cualquier falla debe reportarse para que la empresa responsable repare, con la Contraloría como respaldo. En papel, el mecanismo suena completo; en calle, pero la prueba de fuego estará en si esos reportes realmente se traducen en soluciones visibles, tiempos de respuesta adecuados, calidad de la reparación y seguimiento, sin que los procesos se diluyan en trámites o falta de supervisión efectiva que termine por debilitar la confianza de la ciudadanía.
