Que resulta inexplicable que Jalisco, un estado con graves problemas de desapariciones y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, no tuviera tipificado este delito en su Código Penal. Por fin —un año después de que la diputada Mónica Magaña presentara su iniciativa en agosto de 2025—, se discute en el Congreso la creación del delito de reclutamiento infantil. El proyecto logró superar el filtro de la Jucopo y pasará a comisiones. Lo que se discutirá es claro: se castigará a quien, por cualquier medio y mediante coacción, engaño, instigación, inducción o captación, reclute a otra persona para cometer un delito. La pena base rondaría los 15 años de prisión, aunque podría ajustarse al alza o a la baja según lo que se defina en el debate. El avance legislativo es necesario, pero el reto será identificar zonas de riesgo y coordinar a las autoridades con la urgencia que exige la infancia jalisciense.
Que el gobernador Pablo Lemus confía en que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum en Zapopan, Jalisco, traiga buenas noticias para el agua. Aunque lo que mueve a la mandataria para acá son temas militares, el jefe del Ejecutivo local no quita el dedo del renglón. Se requieren 20 mil millones de pesos para el acueducto sustituto y la ampliación de la planta de Miravalle. Aunque Conagua ya validó los proyectos, el reto es el financiamiento. Lemus apuesta por un esquema sin deuda tradicional (CMRO) y pide respaldo político federal, no sólo económico.
Que Uber y DiDi se embolsan hasta el 40 por ciento de cada viaje en Jalisco, mientras sus conductores trabajan 12 horas o más sin seguridad social, vacaciones, aguinaldo ni utilidades. La ley ya los obliga a dar prestaciones, pero las plataformas se la pasan por alto. Ayer protestaron frente a las oficinas de Uber y nadie los recibió. César Castillo, representante del Consejo de Conductores de Jalisco, denunció que registraron otra empresa para evadir el reparto de utilidades y no transparentan ingresos. Los conductores, además, pagan ISR e IVA y cargan con combustible, mantenimiento y depreciación. Mientras, las Secretarías del Trabajo y Hacienda miran hacia otro lado. La reforma existe, pero sin cumplimiento es letra muerta.
