Que en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su estrategia de seguridad usando a Jalisco de ejemplo. Su argumento: si hubiera corrupción, no se estarían deteniendo alcaldes. Citó tres casos. Uno, el presidente municipal de Tequila, emanado de Morena, detenido. Dos, el alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, arrestado por su presunta relación con lo ocurrido en ese municipio. Recordó que incluso un hermano de ese edil fue detenido por huachicol. Tres, la Operación Enjambre, con presidentes municipales vinculados a grupos criminales. La línea es clara: para Sheinbaum, que caigan alcaldes de todos los partidos prueba que la “transformación” sí va contra la corrupción. El problema es que también prueba otra cosa: el crimen ya estaba en las presidencias municipales.
Que el PAN Jalisco lanzó la “Ley anti-Morenarcos”. La idea: blindar las elecciones del crimen organizado. Argumentan que el contexto no es menor. Con Sinaloa y los señalamientos al gobernador Rubén Rocha Moya de fondo, el PAN propone que todo aspirante a un cargo público presente carta de no antecedentes penales y pase controles de confianza: antidoping y polígrafo. Dicen que en su partido ya lo aplican. Ahora quieren hacerlo ley pareja. El mensaje va directo a Morena: “dejen de evadir, rindan cuentas de sus candidatos y digan de qué lado están”. Juan Pablo Colín y Julio César Hurtado Luna firman la iniciativa. El remate del PAN es duro: o fortalecemos instituciones o normalizamos que el crimen se cuele a las boletas.
Que por fin algo cambia en el Humedal del Ahogado. Tres niveles de gobierno coordinados, cárcel a quien invada y vigilancia permanente. Después de décadas de rellenos ilegales y aguas negras, El Salto tiene un antes y un después. No es sólo ecología: es agua limpia, menos inundaciones y justicia ambiental. Si funciona aquí, el modelo debe replicarse. La crisis de los humedales en México ya no aguanta otro “desatendido”.
