M+.- La Fiscalía General de la República emprende una peculiar cruzada: interrogar a los policías ministeriales de Chihuahua del exitoso aseguramiento de narcolaboratorios en la sierra para ver si da con el porqué de la presencia de agentes de la CIA en aquel operativo.
No le interesa el encomiable resultado, sino alimentar la narrativa de que se atentó contra la Constitución, las leyes y la manoseada “soberanía nacional”.
El emplazamiento a esos ministeriales contrasta con la alcahuetería de la misma Fiscalía frente a la solicitud estadunidense de capturar, con fines de extradición, al exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y sus secuaces.
Las acusaciones le fueron suficientes a un gran jurado (más de 20 ciudadanos) para someter a juicio a los imputados por probables vínculos con el narcotráfico, pero, en el caso Chihuahua, la sola presencia de cuatro agentes de la CIA —dos fallecidos con el director de la Agencia Estatal de Investigación y uno de sus subordinados— es considerada un agravio a la nación, mientras que para Estados Unidos esos oficiales son héroes caídos luego de una exitosa operación “contra el terrorismo”.
Aquí, su participación técnica se asume como intolerable injerencia, pero nadie explica por qué no se detuvo a los otros dos que sobrevivieron.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el viernes:
“Con Estados Unidos cooperamos, nos coordinamos, pero nunca nos vamos a subordinar, porque es un asunto de dignidad (…). Es tiempo de la defensa de los principios y hay un principio que se llama soberanía, y esa no se negocia…”.
La nueva consejera jurídica presidencial, la nueva dirigente de Morena y la propia Fiscalía, al igual que la Presidenta, descalifican la solicitud precautoria con el pretexto de que desconocen el detalle de las acusaciones (información que pueden obtener en 60 días).
Falazmente legalista, el obradorato ha exportado ilegalmente a EU a casi un centenar de delincuentes, al tiempo que mantiene la salvaje prisión preventiva oficiosa y faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias sin orden judicial.
Una solicitud de captura con fines de extradición no equivale a una petición de extradición, y justamente de eso se trata (es una medida precautoria para evitar que los acusados huyan).
Fingir que faltan las pruebas es hacerle al tío Lolo.
Lo elástico de la ética oficialista remite al caso de Genaro García Luna, cuando bastaron los dichos de criminales para dictar aquí su condena anticipada.
Sin embargo, ahora, frente a las imputaciones formalizadas en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el lopezobradorismo se envuelve en la bandera y denuncia una conspiración política gringa contra “el Movimiento”.
Así, entre la cacería de policías chihuahuenses por una presencia extranjera incómoda, y la indulgencia frente a acusaciones graves a Moya y sus secuaces, la soberanía, más que una convicción, se volvió una vacilada repetible a contentillo...
