Que este domingo, Morena celebrará en la CDMX su VIII Congreso Nacional Extraordinario para renovar su dirigencia —y, de paso, demostrar que la unidad no es solo un eslogan. Mientras tanto, en Jalisco el partido llega con una crisis de unidad digna de aplausos: la conducción oficial, encabezada por Erika Pérez García, existe en el papel, pero en los hechos nadie mueve un dedo sin la bendición del senador Carlos Lomelí. Casualmente, Lomelí es una figura que genera animadversión hasta en el interior del propio partido, que ha convertido la operación política estatal en un simple reflejo: aquí el que da la orden es el que trae el dinero y los contactos; la dirigencia nomás es el moño del pastel.
Que el congreso nacional morenista podría ser una amenaza para ese esquema —si la nueva dirigencia decide imponer reglas claras para candidaturas y recursos, tal vez Lomelí tenga que compartir el control remoto— o una oportunidad para seguir igual: si nadie interviene desde CDMX, el partido en Jalisco seguirá navegando a la deriva, con un liderazgo formal que no lidera y un liderazgo real que no da la cara aunque manden desde allá a Ricardo Villanueva, destacado por su capacidad de negociación. Por más discursos de renovación que salgan del domingo, resolver la crisis jalisciense requeriría algo más que buenas intenciones: haría falta que los acuerdos nacionales se traduzcan en acciones concretas. Pero, tratándose de Morena en Jalisco, está cañón.
Que ¿Por qué seguimos esperando a que haya muertos y heridos para cerrar los anexos? Un día sí y otro también sabemos que en los centros de rehabilitación los internos aparecen golpeados, encadenados o muertos. Paso tras paso, los gobiernos municipales se han acostumbrado a reaccionar hasta que ya es tarde. En las últimas semanas, en Tlaquepaque van tres casos de anexos con violencia, encierros ilegales y personas en condiciones inhumanas. Y lo peor: solo actúan cuando les cae una denuncia anónima o cuando alguien ya terminó en el hospital… o en el Semefo.
